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LEY DE CASACIÓN No. 3726 MODIFICADA

LEY DE CASACIÓN No. 3726 MODIFICADA LEY No. 3726 (MODIFICADA POR LA LEY 491-2008 Y RESOLUCION 388-2009) SOBRE PROCEDIMIENTO DE CASACIÓN HA DICTADO LA SIGUIENTE LEY: CAPÍTULO I Del objeto de la casación Art. 1.- La Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto. Art. 2.- Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional. CAPÍTULO II Del procedimiento en materia civil y comercial Art. 3.- En materia civil o comercial, dará lugar a casación toda sentencia que contuviere una violación de la ley. Art. 4.- Pueden pedir casación: Primero: las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio; segundo: el Ministerio Público ante el tribunal que dictó la sentencia, en los asuntos en los cuales intervenga como parte principal, en virtud de la ley, o como parte adjunta en los casos que interesen al orden público. Art. 5.- (Modificado por la ley 491-2008 que modificó a los Artículos 5, 12 y 20 de la Ley No.3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley No.845, del 15 de julio de 1978), para que rijan en lo adelante del modo siguiente: “Art. 5.-En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los documentos en que se apoya la casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta (30) días contados desde el día en que la oposición no fuere admisible. Párrafo I.- Sin embargo, en materia inmobiliaria no será necesario acompañar el memorial de casación con la copia de la sentencia recurrida, ni con los documentos justificativos del recurso, los cuales serán solamente enunciados en dicho memorial, de modo que el Secretario General de la Suprema Corte de Justicia los solicite sin demora al secretario del despacho judicial de la jurisdicción inmobiliaria correspondiente, a fin de ser incluidos en el expediente del caso. Fallado el recurso, deberá el Secretario de la Suprema Corte de Justicia devolver los documentos al despacho judicial correspondiente. Párrafo II.-Cuando el Tribunal de Tierras haya ordenado el registro de derechos en forma innominada en favor de una sucesión, la parte que quiera recurrir en casación deberá hacerlo siguiendo las reglas del derecho común, pero la notificación del emplazamiento se considerará válidamente hecha en manos de la persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierras la representación de la sucesión gananciosa, y en manos de aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso, los cuales deberán obtener la parte interesada por medio de una certificación expedida por la secretaría del despacho judicial correspondiente. Además, el emplazamiento deberá ser notificado también al Abogado del Estado, para que éste, en la forma en que está autorizado hacer el Tribunal sus otificaciones, entere a las partes interesadas de la existencia del recurso de casación, y ésta a su vez, puedan proveer a su representación y defensa conforme a la Ley sobre Procedimiento de Casación. “No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: a) Las sentencias preparatorias ni las que dispongan medidas conservatorias o Cautelares, sino conjuntamente con la sentencia definitiva, pero la ejecución de aquéllas, aunque fuere voluntaria, no es oponible como medio de inadmisión; b) Las sentencias a que se refiere el Artículo 730 (modificado por la Ley No.764, del 20 de diciembre de 1944), del Código de Procedimiento Civil; c) Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de Doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Si no se ha fijado en la demanda el monto de la misma, pero existen elementos suficientes para determinarlo, se admitirá el recurso si excediese el monto antes señalado”. Art. 6.- En vista del memorial de casación, el Presidente proveerá auto mediante el cual se autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el recurso. Este emplazamiento se encabezará con una copia del memorial de casación y una copia del auto del Presidente, a pena de nulidad, a cuyo efecto el secretario expedirá al recurrente copia certificada tanto del memorial como del auto mencionadas. El emplazamiento ante la suprema corte de justicia deberá contener, también a pena de nulidad: indicación del lugar o sección, de la común o del Distrito de santo Domingo en que se notifique; del día, del mes y del año en que sea hecho; los nombres, la profesión y el domicilio del recurrente; la designación del abogado que lo representará, y la indicación del estudio del mismo, que deberá estar situado, permanentemente o de modo accidental, en la capital de la República, y en la cual se reputará de pleno derecho que el recurrente hace elección de domicilio, a menos que en el mismo acto se haga constar otra elección de domicilio en la misma ciudad; el nombre y la residencia del alguacil, y el tribunal en que ejerce sus funciones; los nombres y la residencia de la parte recurrida, y el nombre de la persona a quien se entregue la copia del emplazamiento. Dentro de los quince días de su fecha, el recurrente deberá depositar en secretaría el original del acta de emplazamiento. Art. 7.- Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio. Art. 8.- En el término de quince días, contados desde la fecha del emplazamiento, el recurrido producirá un memorial de defensa el cual será notificado al abogado constituido por el recurrente por acto de alguacil que deberá contener constitución de abogado y los mismos requisitos sobre elección de domicilio señalados para el recurrente en el Art. 6. La constitución de abogado podrá hacerse también por separado. En los ocho días que sigan a la notificación del memorial de defensa, el recurrido depositará en secretaria el original de esa notificación junto con el original del referido memorial así como el acta original de la constitución de abogado si ésta se hubiese hecho por separado. El secretario deberá informar al Presidente acerca del depósito que respectivamente hagan las partes del memorial de casación del de defensa y de sus correspondientes notificaciones. Art. 9.- Si el recurrido no constituye abogado por acto separado o no produce y notifica su memorial de defensa en el plazo que se indica en el Art. 8, el recurrente podrá pedir por instancia dirigida a la suprema corte de justicia, que el recurrido se considere en defecto, y que se proceda con arreglo a lo que dispone el Art. 11. Art. 10.- Cuando el recurrido no depositare en secretaría su memorial de defensa y la notificación del mismo, en el plazo indicado en el Art. 8, el recurrente podrá intimarlo, por acto de abogado, para que, en el término de ocho días, efectúe ese depósito y, de no hacerlo, podrá pedir mediante instancia dirigida a la suprema corte de justicia, que se excluya al recurrido del derecho de presentarse en audiencia a exponer sus medios de defensa, y que se proceda con arreglo a lo que dispone el Art. 11. Cuando el recurrente, después de haber procedido al emplazamiento, no depositare el original de éste en secretaría, el recurrido que ha depositado y notificado su memorial y defensa podrá requerir al recurrente para que, en el plazo de ocho días, efectúe el depósito antes mencionado. Vencido este plazo, el recurrido es hábil para pedir a la suprema corte de justicia que provea la exclusión del recurrente. Párrafo I.- Si hubiere más de un recurrido o más de un recurrente, cualquiera de ellos podrá hacer uso de la facultad de requerir y de pedir la exclusión o el defecto arriba consignados, frente a las partes que se encuentren en falta. Párrafo II.- El recurso de casación permitirá de pleno derecho si transcurrieren tres años contados desde la fecha del auto que autorizó el emplazamiento sin que el recurrente haya depositado en la secretaría el original del emplazamiento, o si transcurriere igual plazo, contado desde la expiración del término de quince días señalado en el Art. 8, sin que el recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido que diere lugar a lo, a menos que, en caso de haber varias partes recurrentes o recurridas; una de dichas partes haya pedido el defecto o la exclusión contra las partes en falta. La Suprema Corte de Justicia hará constar la perención del recurso mediante resolución que será publicada en el Boletín judicial. Art. 11.- Inmediatamente después que las partes hayan hecho los depósitos exigidos por los Arts. 6 y 8, o que se haya pronunciado el defecto o la exclusión de las partes que estén en falta, el Presidente expedirá auto mediante el cual comunica el expediente al Procurador General de la República para que emita su dictamen, quien dictaminará en el término de quince días. El Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio de la suprema corte de justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto, ante los jueces del fondo, de comunicación al Ministerio Público. Art. 12.- (Reformado por 0la Ley No.491-2008 y a la vez modificado por la Resolución No. 388-2009 de la S. C. J.). “Art. 12.-El recurso de casación es suspensivo de la ejecución de la decisión impugnada. Sin embargo, las disposiciones del presente artículo, no son aplicables en materia de amparo y en materia laboral”. Primero: Dispone que para obtener la suspensión de la ejecución de una sentencia en materia laboral o de amparo, recurrida en casación, el recurrente deberá elevar una solicitud a la Suprema Corte de Justicia, la que puede ordenarla, siempre que se le demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios a dicho recurrente; Segundo: La demanda en suspensión será interpuesta por instancia firmada por abogado, que el recurrente hará notificar a la parte recurrida. La notificación de la instancia suspenderá provisionalmente la ejecución de la sentencia impugnada, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva acerca del pedimento. La parte demandada puede impugnar la demanda en suspensión por escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia dentro de los cinco días de la notificación de la instancia. Transcurrido este plazo, la Suprema Corte de Justicia decidirá en Cámara de Consejo, sin asistencia de abogados, si concede o no la suspensión. Cuando la demanda en suspensión fuere desestimada, la parte recurrida podrá ejecutar la sentencia impugnada después de obtener previamente del secretario, un certificado en que conste que la suspensión fue denegada. Cuando la demanda fuere acogida, la Suprema Corte de Justicia deberá fijar, por la misma resolución, la fianza en efectivo o en garantía, real o personal, que prestará el recurrente para garantía del recurrido, la cual será regida en todos los casos, en cuanto a su constitución y modalidades, por los artículos 131 al 133 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978. Esta fianza constituirá un privilegio especial a favor exclusivamente del recurrido, hasta la concurrencia de su crédito; Tercero: El Secretario de la Corte no expedirá la copia certificada de la resolución de suspensión si no se le entrega la correspondiente constancia de la garantía. A falta de esta entrega dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha de la notificación de la resolución, el recurrido podrá solicitar la perención de la misma. Sin embargo el recurrente podrá presentar la garantía después del vencimiento de dicho plazo, mientras no se haya pronunciado la perención de la resolución. Declarada la perención, la sentencia podrá ser ejecutada por el recurrido. Cuarto: Ordena la publicación de la presente resolución para su cumplimiento y ejecución. Art. 13.- Devuelto el expediente por el Procurador General de la República, el Presidente fijará la audiencia en la cual se discutirá el asunto. El auto de fijación de audiencia será notificado a los abogados de las partes mediante carta certificada del secretario, remitida a cada uno de ellos a su estudio permanente o accidental de la capital de la Re pública. Art. 14.- Cuando en un asunto que se esté instruyendo en defecto la parte recurrida constituye abogado y notifica y deposita su memorial de defensa antes de que se haya notificado el auto de la fijación de audiencia al bogado de la parte recurrente, ésta puede aceptar que se prosiga la instrucción contradictoriamente, exponiéndolo por escrito al secretario, quien comunicará al Presidente el hecho del depósito y la conformidad del recurrente, si el asunto había sido comunicado al Procurador General, el Presidente le requerirá mediante auto que se abstenga de dictaminar, si no lo hubiese hecho, y que devuelva el expediente al secretario. El secretario anexará los nuevos documentos al expediente y dará cuenta de todo al Presidente, quien requerirá nuevamente el dictamen del Procurador General de la República. Si el depósito de sus documentos por la parte recurrida ocurre después que el Procurador General ha devuelto el expediente con su dictamen, el secretario anexará aquellos documentos al expediente y dará noticia al Presidente, quien comunicará el asunto al Procurador General para que produzca nuevo dictamen. Art. 15.- Los asuntos serán llamados a la vista de conformidad al rango de su inscripción en el rol de audiencia. En seguida, los abogados de las partes leerán sus conclusiones, pudiendo depositar, además, escritos de ampliación a sus medios de defensa, de los cuales los del recurrente deberán estar notificados a la parte contraria no menos de ocho días antes de la audiencia, y los del recurrido, en cualquier momento anterior a la audiencia. Por último, el Procurador General de la República leerá las conclusiones de su dictamen. Art. 16.- El recurrido puede oponerse a la ejecución de la sentencia en defecto, en el plazo de ocho días a contar de aquel en que le fije notificada a su persona o en su domicilio. Al efecto deberá hacer por mediación de abogado constituido al abogado del recurrente, ofrecimientos reales de las costas, justificadas por estado aprobado por el Presidente. En el caso de que el recurrente rehusare aceptar los ofrecimientos, el oponente está autorizado a consignarlos en secretaría, y, con vista del recibo expedido por el secretario, la Suprema Corte de Justicia autorizará al recurrido a ejercer el recurso de oposición. En este caso, e igualmente cuando el recurrente haya aceptado el ofrecimiento de las costas, el recurrido notificará al recurrente, en el plazo de ocho días contados de la fecha de la aceptación de sus ofrecimientos o de la autorización dada por la Suprema Corte de Justicia, el memorial contentivo de sus medios de oposición, y lo depositará en secretaría en la octava siguiente. Las partes podrán, además, producir y notificar los escritos previstos en el Art. 8, cuyos originales serán depositados en secretaría. Después de efectuado el depósito en secretaría del escrito de oposición del recurrido, se procederá, conforme lo dispone el Art. 11, a solicitar el dictamen del Magistrado Procurador General de la República. Las disposiciones del Art. 9 relativas a la exclusión del recurrido son aplicables al oponente que no depositare en secretaría el original de su escrito de oposición y el de su notificación. Art. 17.- Cando hubiere varios recurridos y unos han producido y notificado su memorial de defensa y otros no, se decidirá por una sola sentencia, que no estará sujeta a oposición. Art. 18.- La sentencia que pronuncie la exclusión de una de las partes, en conformidad con el Art. 9, será irrevocable. Art. 19.- Las sumas pagadas para el reembolso de los gastos no pueden ser repetidas por el oponente, aun en el caso de que la sentencia definitiva haya condenado a las costas a la otra parte, a menos que se anule el procedimiento seguido por ésta para obtener el defecto. Art. 20.- (Reformado por la Ley 491/2008) “Art. 20.- La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría que aquél de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. Si la segunda sentencia es casada por igual motivo que la primera, el segundo tribunal al cual se reenvíe el asunto deberá conformarse estrictamente con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el punto de derecho juzgado por ésta, salvo las excepciones establecidas por la ley. Cuando la casación se funde en que la sentencia contra la cual se interpuso apelación, no estaba sujeta a este recurso, como también cuando sea pronunciada por contradicción de fallos, o en cualquier otro caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto. “En uno y otro caso, las partes interesadas podrán proceder a la ejecución de la sentencia, cuya validez haya sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia. Si la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del asunto por ante el Tribunal que debe conocer del mismo, y lo designará igualmente”. DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008); años 165 de la Independencia y 146 de la Restauración. Art. 21.- Casada una sentencia, el tribunal ante el cual se envíe el asunto, se atendrá en todo a las reglas del procedimiento. CAPÍTULO III Del Procedimiento en materia criminal, correccional o de simple policía. Art. 22.- Pueden pedir la casación de una sentencia, el condenado, el Ministerio Pública, la parte civil y las personas civilmente responsables, según las disposiciones establecidas más adelante. Art. 23.- Cuando el acusado haya sido condenado y hubiere violación u omisión de alguna de las formalidades prescritas por la ley a pena de nulidad, sea en la instrucción hecha ante el tribunal que dictó la sentencia, sea en la misma sentencia, dicha omisión o violación dará lugar, a diligencia de la parte condenada, del Ministerio Público, de la parte civil, o de las personas civilmente responsables, a la anulación de la sentencia. Igual regla se seguirá: 1ro. en los casos de incompetencia; 2do. cuando se hubiere omitido o rehusado pronunciar, ya con respecto a uno o varios pedimentos del acusado, de la parte civil, o de las personas civilmente responsables; ya con respecto a uno o varios requerimientos del Ministerio Público, que hubieren tenido por objeto el ejercicio de una facultad o un derecho otorgado por la ley, aunque la falta de la formalidad cuya ejecución hubiere sido pedida o requerida, no estuviere sujeta a la pena de nulidad; 3ro. cuando la sentencia no ha sido dada por el número de jueces que prescribe la ley, o por jueces que no han asistido a todas las audiencias de la causa; 4to. cuando la sentencia no se hubiere pronunciado públicamente y 5to. cuando la sentencia no contenga los motivos. Art. 24.- El recurso de la parte civil sólo puede versar sobre sus intereses privados. Art. 25.- No se admitirán como medios de casación las nulidades cometidas en primera instancia, si no hubieren sido presentadas ante el juez de la apelación. La incompetencia podrá ser propuesta por primera vez en casación. Art. 26.- Cuando la sentencia objeto del recurso hubiere pronunciado una pena distinta de la aplicada por la ley a la naturaleza de la infracción; o cuando se hubiere impuesto una pena por un hecho que la ley no castiga, podrán interponer el recurso en casación, tanto el Ministerio Público como la parte condenada. Igual acción corresponde al Ministerio Público, contra las sentencias de descargo, si hubiere violación de la ley. Art. 27.- La parte civil es hábil para pedir la anulación de cualquier sentencia, cuando se hubiere violado la ley en perjuicio suyo. Art. 28.- No habrá lugar a casación cuando la pena esté legalmente justificada. Art. 29.- El plazo para interponer el recurso de casación es de diez días, contados desde la fecha del pronunciamiento de la sentencia, si el acusado estuvo presente en la audiencia en que ésta fue pronunciada o si fue debidamente citado para la misma. En todo otro caso, el plazo correrá a partir de la notificación de la sentencia. Durante estos diez días, y si se hubiere establecido el recurso mientras dure éste, se suspenderá la ejecución de la sentencia. Art. 30.- Si la sentencia se hubiere dictado en defecto, el plazo para interponer el recurso de casación se empezará a contar desde el día en que la oposición no fuere admisible. Art. 31.- Sólo el Ministerio Público, y la parte civil, pueden recurrir en casación contra las sentencia en contumacia, en el plazo del Art. 29 de esta ley. Por lo que respecta al contumaz, el plazo se empezará a contar desde el día en que venciere el término y la oposición. Art. 32.- El recurso en casación contra las sentencias preparatorias no estará abierto sino después de la sentencia definitiva; pero la ejecución de aquéllas no se podrá oponer en ningún caso como medio de inadmisión. La presente disposición no se aplica a las sentencias dictadas sobre la competencia. Art. 33.- La declaración del recurso se hará por la parte interesada en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, y será firmada por ella y por el secretario. Si el recurrente no sabe firmar o está en la imposibilidad de hacerlo, el secretario hará constar esta circunstancia. La declaración podrá hacerse en la misma forma por un abogado en representación de la parte condenada, de la parte civil o de la persona civilmente responsable, según el caso, o por un apoderado especial. En este última caso se anexará el poder a la declaración. Esta se redactará en un registro destinado a ese efecto, el cual será público. Art. 34.- Cuando el recurso en casación sea interpuesto por la parte civil o por el Ministerio Público, además de la declaración a que se contrae el artículo precedente, el recurso será notificado a la parte contra quien se deduzca, en el plazo de tres días. Cuando ésta se halle detenida, el acta que contenga la declaración del recurso, le será leída por el secretario, y la parte la firmará. Si no pudiera o no quisiere suscribirla, el secretario hará mención de ello. Cuando se encuentre en libertad, el recurrente en casación le notificará su recurso en su persona, o en su domicilio real, o en el de elección. Art. 35.- La parte civil que interponga casación, está obligada a unir a los datos o documentos en apoyo de su recurso, una copia auténtica de la sentencia. Art. 36.- Los condenados a una pena que exceda de seis meses de prisión correccional, no podrán recurrir en casación, sino estuvieren presos, o en libertad provisional bajo fianza. Al efecto se deberá anexar al acta levantarla en secretaría, en uno u otro caso, una constancia del ministerio público, si el recurrente se encuentra preso o si se ha constituido en prisión con el fin de intentar su recurso le será posible obtener su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con la ley de la materia. Art. 37.- Al hacer su declaración, o dentro de los diez días posteriores a ella, el recurrente podrá depositar en la secretaría del Tribunal que dictó la sentencia impugnada un escrito que contenga los medios de casación. Cuando el recurso sea intentado por el Ministerio Público, por la parte civil o por la persona civilmente responsable, el depósito del memorial con la indicación de los medios de casación será obligatorio, si no se ha motivado el recurso en la declaración correspondiente. Las partes podrán también transmitir directamente a la Suprema Corte de Justicia, el escrito que contenga los medios de casación, así como la copia de la sentencia impugnada, o la que le hubiere sido notificado y los datos o documentos en apoyo de la casación solicitada. La parte civil y la persona civilmente responsable no podrán usar del beneficio de la presente disposición sin el ministerio de un abogado. Todo lo previsto en el presente artículo es a pena de nulidad de recurso. Art. 38.- Al cumplirse los diez días que sigan a la declaración el secretario enviará a la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, certificado por correo, todo el expediente, y los escritos contentivos de los medios de casación, si hubieren sido depositados. El secretario redactará sin costos, y unirá al expediente que se deberá coser y rubricar en cada una de sus páginas un inventario por duplicado de éste, bajo la pena de veinte pesos de multa, la cual será pronunciada por la Suprema Corte de Justicia. Art. 39.- En las veinticuatro horas de la recepción del expediente el secretario de la Suprema Corte de Justicia, dará cuenta de haber recibido, y le devolverá el duplicado del inventario al secretario que hizo la remisión. Art. 40.- Inmediatamente después que se ha recibido en secretaría el expediente, el Presidente dispondrá por auto que sea comunicado al Procurador General de la República, quien dictaminará en el término de quince días. Art. 41.- Devuelto el expediente con el dictamen del Procurador General de la República, el secretario dará cuenta al Presidente, y éste fijará la audiencia en la cual se procederá a discutir el asunto. El auto de fijación de audiencia será notificado a las partes y a sus abogados mediante carta certificada del secretario. Art. 42.- En los tres días subsiguientes a la audiencia los abogados de las partes, si éstas los hubiesen constituido, podrán presentar en secretaría aclaraciones o memoriales tendientes a justificar sus pretensiones. Art. 43.- La Suprema Corte de Justicia, en todo asunto criminal, correccional o de simple policía, podrá fallar respecto del recurso de casación, inmediatamente después de la expiración de los plazos señalados en el presente capítulo; y deberá fallar dentro del mes, contado desde la fecha en que los referidos plazos expiraron. Las reglas prescritas en el Art. 20 de la presente ley se observarán al dictarse la sentencia. si se anulare el fallo porque el hecho que dio lugar a la condenación no es castigado por la ley, y hubiere parte civil, se dispondrá el envío del asunto ante un tribunal de la misma calidad del que dio la sentencia, para que conozca de las reparaciones en sus atribuciones civiles. Si no hubiere parte civil, no se dispone el envío del asunto a ningún tribunal. Art. 44.- El acusado cuya condenación ha sido anulada, y que deba ser sometido a un nuevo juicio criminal, será trasladado bajo custodia ante el tribunal al que ha sido atribuido el conocimiento del asunto. Art. 45.- cuando un recurso en casación sea denegado, la parte que lo interpuso no podrá recurrir en casacón contra la misma sentencia, por cualquier medio que fuere. Art. 46.- Rechazado un recurso en casación, la secretaría de la Suprema Corte de Justicia librará en el término de tres días una copia del dispositivo de la sentencia, al Procurador General de la República, y éste la trasmitirá al representante del Ministerio Público en el tribunal que dictó la sentencia que fue objeto del recurso. Igual regla se seguirá cuando en el caso del Art. 43, in fine, no se pronunciare el envío del asunto a otro tribunal. A diligencia del Procurador General de la República, se pondrá en libertad al recurrente preso, si no se hallare detenido por otra causa. CAPÍTULO IV De los incidentes SECCIÓN PRIMERA De la falsedad Art. 47.- La parte que quiera inscribirse en falsedad contra algún documento notificado, comunicado o producido en un recurso de casación, por la otra parte, deberá interpelar a éste, por acto de abogado a abogado, que declare si persiste en hacer uso de dicho documento, o por el contrario, si se abstiene de ello. La parte a quien se haga esta interpelación contestará categóricamente dentro de los tres días, de un modo afirmativo o negativo. Art. 48.- Si la parte interesada declara que está dispuesta a valerse del documento, la otra parte, previo depósito en secretaría de treinta pesos para responder a una multa, cuando sea procedente, dirigirá a la Suprema Corte de Justicia una instancia motivada, suscrita por un abogado con poder especial y auténtico, el cual se agregará a la solicitud, para que se le autorice a inscribirse en falsedad. La Suprema Corte de Justicia previo dictamen del Procurador General de la República, producido en el término improrrogable de diez días, concederá o negará la autorización por medio de una sentencia. Si la concediere, la sentencia designará un tribunal igual en calidad a aquel cuyo fallo es atacado por el recurso de casación en falsedad conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. El demandante iniciará su acción ante dicho tribunal, con el acto de celebración a que se refiere el Art. 218 del citado Código. Art. 49.- Cuando la parte interpelada manifestare que prescinde del documento; o en el caso de que no contestare dentro de los tres días de la interpelación de que trata el Art. 47 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia, a petición del interesado, suscrita por su abogado, proveerá por medio de un acto, que el documento argüido de falsedad sea desechado respecto de la parte adversa. Art. 50.- Si dentro de los tres días de notificada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que autoriza la inscripción en falsedad, la parte interpelada declara que no se servirá del documento, se procederá en la forma que establece el artículo precedente. Art. 51.- La suma depositada previamente por el solicitante le será restituida, si la inscripción en falsedad no fuere autorizada por la Suprema Corte de Justicia; o si el documento, o uno de los documentos argüidos de falsedad, se consideran falsos en todo o en parte, o si hubieren sido desechados de la causa o del proceso. Art. 52.- No se devolverá la suma, si el solicitante en inscripción en falsedad desistiere, o sucumbiere totalmente, aunque ofrezca perseguir la falsedad por la vía extraordinaria. SECCIÓN SEGUNDA De la delegación Art. 53.- Toda parte interesada tiene el derecho de formar por ante la Suprema Corte de Justicia, como corte de casación, demanda en denegación contra cualquier defecto, manifestación, o consentimiento hecho en su nombre, sin un poder ad-hoc. Art 54.- La parte que quiera intentar una demanda en denegación deberá solicitar, para establecerla, la autorización de la Suprema Corte de Justicia, por medio de instancia, motivada, armada por abogado con poder especial, el cual se agregará a la instancia; todo a pena de nulidad. Art. 55.- Tanto la instancia, como los documentos que se adjunten en su apoyo, se pasarán al Procurador General de la República, quién debía devolverlos con su dictamen en el término de ocho días. Este plazo es improrrogable. Art. 56.- La Suprema Corte de Justicia dará o negará la autorización según lo que proceda. Si se concediere, se obrará con arreglo a las Arts. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 362 del Código de Procedimiento Civil. SECCIÓN TERCERA De la intervención Art. 57.- Toda persona interesada en intervenir en un recurso de casación, deberá depositar en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, por medio de abogado constituido, un escrito que contenga sus conclusiones. Art. 58.- El escrito de la parte interviniente se pasará al Procurador General de la República, quien deberá dictaminar en el término de ocho días. Art. 59.- La Suprema Corte de Justicia decidirá, si fuere posible, que la demanda en intervención se una a la demanda principal. La sentencia que así lo ordene será notificada a los abogados de todas las partes, y dentro de los tres días de la notificación se depositará el original de ésta en secretaría, con todos los documentos justificativos. De no hacerse así, la sentencia se tendrá como si no hubiere sido pronunciada, y se procederá a fallar sobre la demanda principal. Art. 60.- La parte que no creyere procedente la intervención, deberá notificarlo a la parte interviniente, dentro de los tres días de la notificación que se le hubiere hecho. La Suprema Corte de Justicia decidirá, con vista de las conclusiones de la parte oponente, de la otra parte, y del ministerio público. Si no hubiere oposición, se procederá a la instrucción del asunto en lo que atañe a la parte interviniente, de igual manera que con respecto a las demás partes, quienes deberán depositar sus memoriales y documentos justificativos en secretaría, sin que íes sea permitido hacer ninguna notificación. Art. 61.- La intervención no podrá retardar el fallo del asunto principal, si ya se hallare en estado. Art. 62.- En materia penal, sólo pueden intervenir la parte civil o la persona civilmente responsable, cuando tuvieren interés, y hubieren figurado en la sentencia que es objeto del recurso. En esta materia la intervención podrá hacerse por simples conclusiones de audiencia. CAPÍTULO V De la casación en interés de la ley y por exceso de poder Art. 63.- El Procurador General de la República puede interponer el recurso de casación en interés de la ley, contra toda sentencia dictada en última instancia, en materia civil, comercial o penal, en la cual se hubiere violado la ley, siempre que las partes interesadas no hayan recurrido a la casación en tiempo hábil. Ninguna parte se prevaldrá del fallo de casación que pronuncie la suprema Corte de justicia, en este caso. Art. 64.- El Procurador General de la República puede recurrir también en casación, contra toda sentencia viciada de exceso de poder, antes de vencidos los plazos de la ley para que las partes interesadas hagan uso de sus derechos, o dentro del año de dictado el fallo. Para los efectos de los artículos anteriores, los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación y los Procuradores Fiscales remitirán al Procurador General de la República una copia certificada de toda sentencia en último recurso, dictada por sus respectivos tribunales, dentro de los veinte días del pronunciamiento. Igual Obligación corresponde a los jueces de Paz, cuando fallen en primera y última instancia. CAPÍTULO VI Disposiciones Generales Art. 65.- Toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas. Sin embargo, las costas podrán ser compensadas: 1) En los casos del Art.131 del Código de Procedimiento Civil; 2) Cuando una sentencia fuere casada exclusivamente por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia; y 3) Cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las redas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces. El Art. 133 del Código de Procedimiento Civil es aplicable en materia de casación. Art. 66.- Todos los plazos establecidos en la presente ley, en favor de las partes, son francos. Si el último día del plazo es festivo, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente. Los meses se contarán según el calendario gregoriano. Art. 67.- Los plazos que establece el procedimiento de casación y el término de la distancia, se calcularán del mismo modo que los fijados en las leyes de procedimiento. Art. 68.- se reputan asuntos urgentes, las demandas del Ministerio Público, los asuntos criminales en los cuales se ha dictado una pena aflictiva e infamante, y los que requieren celeridad. Art. 69.- Toda sentencia de casación será inscrita en los registros del tribunal que dictó la sentencia anulada, con la anotación correspondiente al margen de ella. Art. 70.- Toda sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, deberá contener los nombres de las partes, el objeto de la demanda, los motivos del fallo y el texto de la ley en la cual se basa dicho fallo. Art. 71.- La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 4991 de fecha 12 de abril de 1911, modificada por la Ley No. 196 del 14 de octubre de 1931, y por la Ley No. 295 del 30 de mayo de 1940. DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y tres; años 110o de la Independencia, 91o de la Restauración y 24o de la Era de Trujillo. Mario Fermín Cabral vicepresidente en funciones. Julio A. Cambier José García Secretario Secretario DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y tres; años 110o de la Independencia, 91o de la Restauración y 24o de la Era de Trujillo. El Vicepresidente en funciones: Juan Arce Medina Los Secretarios: Pablo Otto Hernández Virgilio Hoepelman Héctor Bienvenido Trujillo Molina Presidente de la República Dominicana En ejercicio de la atribución que me confiere el Art. 49, inciso 3ro. de la constitución de la República. PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta oficial para su conocimiento y cumplimiento. DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y tres, años 110o de la Independencia, 91o de la Restauración y 24o de la Era de Trujillo. Héctor B. Trujillo Molina. Publicado 6th July 2012 por LIC. MARINO MARRERO B
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