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BREVES JURISPRUDENCIAS DOMINICANAS

BREVES JURISPRUDENCIAS DOMINICANAS TAREAS JURISDICCIONALES En apenas cinco meses de su instalación, la labor de la Suprema Corte de Justicia se ha manifestado en diferentes áreas jurisdiccionales, como se expone a continuación: AUTOS DEL PRESIDENTE El mismo día de su toma de posesión, es decir el 5 de agosto de 1997, el Presidente sometió a la consideración del Pleno los nombres de los magistrados que integrarían las tres (3) Cámaras dispuestas por la Ley No. 156-97, así como el otro representante por ante el Consejo Nacional de la Magistratura; propuesta que fue acogida y para lo cual se dictó la Resolución No. 1/97 de esa misma fecha, resultando la composición siguiente: Primera Cámara (Cámara Civil y Comercial): Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien la preside, Ana Rosa Bergés de Farray, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Julio Genaro Campillo Pérez, jueces. Segunda Cámara (Cámara Penal): Hugo Alvarez Valencia, quien la preside, Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce María Rodríguez de Goris, jueces. Tercera Cámara (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario): Juan Guiliani Vólquez, Segundo Sustituto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien la preside, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, jueces. El Magistrado Victor José Castellanos Estrella fue escogido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. A consecuencia de una solicitud de fijación de audiencia para conocer del apoderamiento directo y presentación de querella contra el Presidente de la República y otros funcionarios de la Nación, incluidos el Procurador General de la República y el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó un Auto el 19 de septiembre de 1997 mediante el cual se desestimó esa solicitud, para lo cual se expuso en dicho Auto, entre otras cosas, lo siguiente: aparte de que conforme con la mejor doctrina y el Derecho Constitucional, el Presidente de la República no es responsable de los actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones, excepto en el caso de alta traición, éste no puede ser puesto en estado de acusación sin previamente haber sido sometido al juicio político previsto en los artículos 26 y 23, inciso 4 de la Constitución, máxime cuando se le inculpa de la violación del artículo 114 del Código Penal, como ocurrió en la especie, que sanciona los crímenes y delitos contra la Constitución, calificados de políticos por la Ley del 28 de junio de 1911, que modificó el Capítulo II del Libro Tercero, del Código Penal. Que sólo después de ese juicio es que el Presidente de la República podría ser procesado penalmente ante los tribunales competentes, si es destituido; que como no existía constancia de que los indicados trámites constitucionales hayan sido cumplidos, procede desestimar la solicitud en lo que al Presidente de la República se refería". En el mismo Auto citado anteriormente, interpretando el artículo 25 de la Ley No. 25 del 1991, Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, se dice que en el caso de que se trata no sólo resulta improcedente fijar audiencia para conocer del apoderamiento por vía directa en contra del Presidente de la República, sino que tampoco procede contra los funcionarios a quienes se les inculpa, en razón de que dicha disposición legal no es posible aplicarla cuando la solicitud o demanda de que se trata está dirigida contra dichos funcionarios, en virtud de los actos realizados u ordenados por el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, interpretando también el artículo 25 de la referida Ley Orgánica, dictó el 16 de diciembre de 1997 un Auto en el cual se hace constar que dicho artículo no contiene una disposición legal de carácter imperativa, sino que entran en sus facultades de interpretación conferidas por el artículo 27 de la misma Ley, ponderar los méritos de las querellas presentadas. Consideramos que ese artículo 25 constituye una disposición legal autónoma dentro de nuestro ordenamiento legal, consagratoria del derecho que tiene toda persona de apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, en todos aquellos casos en que este tribunal tenga competencia para conocer y fallar de un asunto, y su aplicación no está sujeta a que otras disposiciones legales autoricen el apoderamiento directo. RESOLUCIONES DEL PLENO El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, compuesto por las tres cámaras en que se encuentra dividida, ha tomado importantes resoluciones, unas relativas al interés general y otras relativas al interés particular. Resoluciones de interés general Resolución sobre los Menores, del 31 de octubre de 1997. Tomando en consideración que la Resolución del 29 de junio de 1995 dictada por la Suprema Corte de Justicia, omitió atribuir provisionalmente competencia a las Cortes de Apelación para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia como Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual conllevaba una negativa al ejercicio del derecho de apelar; así como por la necesidad de atribuir competencia a los Juzgados de Paz para el conocimiento de las demandas en cobro de deudas alimentarias en provecho de los menores, y su apoderamiento descargaría a los Juzgados de Primera Instancia, en funciones de tribunales de niños, niñas y adolescentes, de estas acciones; así como otras consideraciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dictó el 31 de octubre de 1997 una importante Resolución sobre la competencia derivada del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Resolución sobre las notificaciones en la puerta de los tribunales, del 3 de diciembre de 1997. En razón de que se ha podido comprobar que las puertas principales de entrada a los salones de audiencias de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del país han venido sufriendo deterioros como consecuencia de la fijación en la parte frontal de las mismas por parte de los alguaciles, de los actos que deben notificar en esa forma en los casos que establece la ley; y a fin de evitar la reparación y pintura de las mismas, sin perjuicio de las funciones de los ministeriales en el sentido antes expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dictó el 3 de diciembre de 1997 una Resolución mediante la cual se dispuso la construcción o elevación de sendos murales, fijador de actos o su equivalente, en aquellos locales judiciales en que el mural no sea posible, en la pared frontal de entrada al salón de audiencias, a fin de que los alguaciles fijen en ellos aquellos actos que deban notificar en esa forma de conformidad con la ley. Se reputan válidas todas las fijaciones de las notificaciones que en dichos lugares fijen los alguaciles en cumplimiento del artículo 69, párrafo séptimo del Código de Procedimiento Civil y cualquier otra disposición legal. Esa Resolución entrará en vigencia el 8 de enero de 1998. Resolución sobre Libertad Provisional Bajo Fianza, del 11 de diciembre de 1997. En consideración a que en materia criminal la libertad provisional bajo fianza es facultativa y que para ejercer adecuadamente esa atribución legal, la corte apoderada de un pedimento de libertad provisional bajo fianza debe evaluar en cada caso, tanto los argumentos del solicitante, como el dictamen del representante del ministerio público y las razones alegadas por la parte civil constituida, si la hubiere, así como examinar los fundamentos del expediente judicial que originó la privación de la libertad, sin que ello implique el conocimiento cabal del proceso judicial de que se trate, lo cual estará siempre reservado al juez de fondo, y en base a que toda persona privada de su libertad, excepto en los casos en que la ley lo prohibe expresamente, tiene derecho a solicitar su libertad provisional bajo fianza, y la corte apoderada de este pedimento está en el deber de ponderar y decidir el mismo con justicia, celeridad y apego a los principios de protección a la sociedad, lo cual sólo es posible lograr, conociendo las causas del mandamiento de prevención o de prisión de que se trata; dictamos el 11 de diciembre de 1997 una resolución mediante la cual se les exige, en los casos criminales, a los secretarios de los juzgados de instrucción y de las cortes de apelación apoderados de solicitudes de libertad provisional bajo fianza, tramitar a la corte encargada de decidir sobre la petición, fotocopias del acta o la instancia de sometimiento a la justicia, del mandamiento de prevención de la prisión y de cualquier otro documento de interés, que no sean los del exclusivo conocimiento del juez investigador durante la elaboración de la sumaria, reservando los originales de estas piezas para el uso exclusivo del tribunal de que se trate. Resolución sobre la integración de las Cámaras de Calificación, del 17 de diciembre de 1997. En consideración a que con frecuencia los presidentes de algunas cámaras penales de cortes de apelación procedían a completar cámaras de calificación con jueces civiles de su jurisdicción cuando por impedimento legítimo de los jueces de primera instancia penales no podían integrarse a dichas cámaras de calificación y en base al artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal, se adoptó el 17 de diciembre de 1997 una resolución que fundamentalmente dispone que cuando los juzgados de primera instancia estén divididos en cámaras, serán escogidos los jueces que sirvan en las cámaras penales, y que en caso de impedimento o imposibilidad de los jueces de primera instancia penales de la jurisdicción de la Corte de Apelación a la que corresponde hacer la designación, se procederá conforme se indica en el segundo párrafo del artículo 127 del referido Código; y que cuando los departamentos judiciales donde han laborado cámaras de calificación integradas del modo anteriormente señalado, no hayan jueces penales hábiles para conocer del fondo de los casos enviados a juicio, se designará, para conocer los procesos, un juez de paz como juez de primera instancia suplente. Resoluciones de interés particular Resolución sobre reconsideración de Resolución, del 6 de noviembre de 1997. A consecuencia de una instancia mediante la cual se solicitaba a la Suprema Corte de Justicia la reconsideración de una resolución que había dispuesto la suspensión de la ejecución de una ordenanza de referimiento, dijo el 6 de noviembre de 1997, que cuando la Suprema Corte de Justicia, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, suspende la ejecución de la sentencia impugnada en casación, no es posible ya, reconsiderar esa decisión a menos que se trate de la corrección de un error puramente material incurrido en una sentencia que no implique modificación alguna a los puntos de derecho que hayan sido resueltos definitivamente. Resolución autorizando a un abogado en libertad provisional bajo fianza a ejercer su profesión, del 3 de diciembre de 1997. En razón de que la resolución mediante la cual la Suprema Corte de Justicia había dispuesto el 2 de octubre de 1992 la libertad provisional bajo fianza del abogado inculpado de violación del artículo 309 del Código Penal, no disponía nada relativo a suspenderle en el ejercicio de su profesión de abogado, mediante resolución del 3 de diciembre de 1997, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que el referido abogado podía continuar ejerciendo libremente su profesión de abogado en todos los tribunales del país, salvo que esté impedido del mismo por expresa disposición de la ley o de una sentencia de tribunal competente. Resolución que declara inadmisible la solicitud de suspensión por haber sido ya denegada, del 10 de diciembre de 1997. La Suprema Corte de Justicia mantiene el criterio de que cuando un pedimento de suspensión de ejecución de una sentencia ha sido denegado en fecha anterior, resulta inadmisible un pedimento posterior en el mismo sentido. Este criterio se pone de manifiesto en la resolución del 10 de diciembre de 1997, la cual confirma el criterio externado en otras resoluciones. SENTENCIAS DEL PLENO a) Competencia en materia de habeas corpus: En una sentencia del 16 de septiembre de 1997, dijimos que en razón de que las actuaciones judiciales habían seguido en el Distrito Judicial de Santiago, era al juzgado de primera instancia de ese Distrito Judicial el que tenía competencia, conforme al artículo 2 de la Ley de Habeas Corpus, para estatuir en primer grado sobre la legalidad de la prisión, y no la Suprema Corte de Justicia; que ésta tiene en ciertos casos competencia para conocer en primera y única instancia de un recurso de habeas corpus, pero cuando al peticionario se le rehusare el mandamiento tanto por ante el juez de primera instancia como el de la corte de apelación que tenga jurisdicción sobre dicho juzgado o cuando estos tribunales se hayan desapoderado definitivamente del asunto por haber juzgado el fondo de la inculpación, pero no cuando dichas jurisdicciones no han sido apoderadas ni han estatuido sobre el mismo por estar pendiente ante la Suprema Corte de Justicia el fallo del recurso de casación intentado por el impetrante contra la decisión de la cámara de calificación que la envía ante el tribunal criminal. Que en este caso, no podría considerarse a la Suprema Corte de Justicia, en la función de corte de casación que le corresponde con motivo del indicado recurso, como el tribunal donde se siguen las actuaciones, en razón de que independientemente de la suerte que corra el citado recurso de casación, esta corte no tendría competencia para conocer y decidir el fondo del asunto, que es el elemento esencial que ha tomado en cuenta el legislador en el artículo 2 de la Ley de Habeas Corpus para atribuir, en principio, competencia para expedir el mandamiento al juez de primera instancia del Distrito Judicial en donde se siguen las actuaciones, o del lugar en donde se encuentra detenida, arrestada o presa la persona de que se trate. En otra sentencia del 30 de octubre de 1997, dijimos que en el expediente examinado por la Suprema Corte constan dos órdenes de prisión emitidas por la Magistrada Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, es decir, emitidas por funcionarios con capacidad legal para disponer esa medida, por lo que obviamente conforme lo dispone el párrafo 1ro. del artículo 2 de la Ley 5353, y tal como lo había solicitado el ministerio público, la Suprema Corte de Justicia era incompetente para conocer el caso de Habeas Corpus del cual estaba apoderado. De igual manera, ante el dictamen del magistrado abogado ayudante del Procurador General de la República, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia declarara su incompetencia para conocer del recurso de habeas corpus en razón de que en virtud de la Ley de Habeas Corpus, el conocimiento de los mismos se atribuye a los tribunales ordinarios; dijimos el 17 de diciembre de 1997 que la competencia debe ser atribuida en favor de las personas que se pretenden víctimas de un encierro ilegal y se consagra el derecho de recurrir ante cualquier juez del orden judicial; concepto que debe entenderse y así ha sido juzgado, en sentido genérico, como fórmula de protección a dichas personas, a cargo de todo funcionario a quien la Ley de Organización Judicial No. 821 de 1927, le otorga la autoridad y facultad de juzgar, sin distinción del grado de jurisdicción; por lo que se desestimó el dictamen del representante del ministerio público. Efecto suspensivo de las sentencias incidentales recurridas en casación. Ante argumentos de los abogados de los impetrantes en el sentido de que tratándose de una sentencia incidental, el recurso que la impugna, interpuesto por el Procurador General de la Corte, no puede suspender la ejecución de la sentencia del juez de primer grado que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, a la luz de lo que dispone el artículo 1ro. de la Ley No. 3723 del 29 de diciembre de 1953, la Suprema Corte de Justicia dijo en sentencia del 19 de septiembre de 1997, que el texto del artículo 29 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, que declara la suspensión de las sentencias recurribles en casación o cuando ya se ha ejercido el recurso mismo, no es tan absoluto, pues comporta algunas excepciones, entre ellas, la consagrada por el artículo 1ro. de la Ley No. 3723 de 1953. Sobre una acción en inconstitucionalidad. La acción mediante la cual se perseguía que se declarara la inconstitucionalidad del derecho de propiedad de una parcela, registrada a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), afirmamos el 12 de noviembre de 1997, que la acción a que se refiere el artículo 67, inciso 1ro. de la Constitución tiene por objeto, exclusivamente, la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, en sentido estricto, o sea, de las disposiciones de carácter general aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Presidente de la República, que sean contrarias a la Constitución, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento de su formación. Sobre la revocación de la libertad condicional. Dijimos el 24 de noviembre de 1997, que si bien es verdadero que la libertad condicional es esencialmente revocable por las causas que se indican en la Ley que la instituye, entre éstas el haber violado el beneficiario las condiciones bajo las cuales fue otorgado el permiso de liberación, no es menos valedero que la revocación no es posible cuando la duración de la pena está enteramente agotada; de donde resulta que si la decisión que otorgó la libertad condicional no es revocada antes de la expiración de la pena, la liberación se hace definitiva; que al producirse la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuando ya había transcurrido el tiempo de la condena, es decir, más de diez años, que fue la pena privativa de libertad impuesta, además de satisfacer el impetrante el pago de la multa con la que también fue sancionado, es evidente que la revocación se hizo de manera extemporánea y, por tanto, carece de efectividad. Sobre la incompetencia declarada por un tribunal penal y declinatoria por ante la Suprema Corte de Justicia. Dijimos el 5 de diciembre de 1997, que si bien es cierto que toda jurisdicción tiene, en principio, el derecho de examinar su competencia, cuando lo hace, a requerimiento de parte o de oficio y se declara incompetente en materia represiva, no es menos cierto que en este caso no le es permitido reenviar el asunto a otra jurisdicción por haber agotado sus poderes, ya que al desapoderarse no puede, sin cometer exceso de poder, determinar ella misma la competencia y designar el tribunal que deberá conocer de la cuestión, pues en materia criminal o correccional este derecho pertenece únicamente a la Suprema Corte de Justicia estatuyendo por vía de demanda en designación de jueces según lo previsto por los artículos 381 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal. Que como la sentencia mediante la cual la Séptima Cámara Penal declaró su incompetencia no fue recurrida, era evidente que se ha puesto fin al procedimiento en virtud de esa decisión, por lo que para que esta Suprema Corte de Justicia quedara regularmente apoderada, y, por lo tanto, en aptitud de juzgar su competencia y el fondo, si ésto fuere de lugar, era necesario proceder para el apoderamiento, de conformidad con las reglas trazadas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Criminal o en el artículo 25 de la Ley No. 25 de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Sobre el monto de la fianza prestada para obtener la libertad provisional. Dijimos el 5 de diciembre de 1997 que al examinar el caso se ha estimado que existían razones poderosas que justificaban que la libertad provisional bajo fianza que le fue concedida a L. A. V. sea garantizada con un monto mayor que el fijado por la Corte de Apelación de Santiago. Sobre el rango de Secretario de Estado otorgado a un funcionario por el Presidente de la República. Dijimos el 5 de diciembre de 1997, que no era suficiente que a un funcionario designado por el Presidente de la República, se le otorgue el rango de Secretario de Estado, para que éste tenga derecho a ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia, si la designación no corresponde a ninguna de las Secretarías de Estado creadas por la ley al amparo de la Constitución vigente; que como ese era el caso de la especie, era obvio que ese funcionario no tenía el privilegio de jurisdicción a que se refiere el artículo 67 de dicha Carta Sustantiva, por lo cual la Suprema Corte de Justicia, era incompetente para conocer de la causa seguida. Que por otra parte, el inciso 3 del artículo 23 de la Constitución de la República establece como una de las atribuciones del Senado, aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expida el Poder Ejecutivo, por lo que para que el prevenido pudiera ser procesado, al tenor del artículo 67 de la Constitución, el cual establece la jurisdicción privilegiada para determinados funcionarios públicos, era necesario que se cumplieran todas las formalidades supraindicadas, de lo que no existía constancia de que haya ocurrido en el caso de la especie. Sobre la sentencia anterior, podemos decir que compartimos plenamente la interpretación, sentido y alcance que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo le ha dado a la misma. A propósito del valor en el mercado de una cantidad de droga. Dijimos el 10 de diciembre de 1997, que lo que el recurrente estima, y es lo que considera criticable en la sentencia, que la droga incautada tenía un valor superior a los RD$50,000.00, pero ésto constituye una cuestión de hecho soberanamente apreciada por los jueces de fondo, ya que los valores de las drogas en el comercio son aleatorios y de difícil estimación, por la forma oculta con que generalmente se negocia ese tipo de actos deleznables. Sobre el alegato de violación al derecho de defensa. Afirmamos el 17 de diciembre de 1997, que las partes tuvieron ante el tribunal de envío la oportunidad de presentar sus conclusiones al fondo y sus escritos ampliatorios, de un debate celebrado de manera pública y contradictoria pudiendo en consecuencia la Corte a-qua ponderar debidamente todos los alegatos presentados por las partes, por lo que en consecuencia no se puede invocar la violación al derecho de defensa consagrado por el artículo 8, párrafo j) de la Constitución de la República. SENTENCIAS DE LA PRIMERA CAMARA (CAMARA CIVIL Y COMERCIAL) Contenido de los medios de casación. Sentencia del 29 de agosto de 1997: Los alegatos en que se fundan los medios de casación deben ser dirigidos contra la sentencia impugnada y no contra decisiones dictadas por otros tribunales, incluidos los de primer grado cuando el asunto ha sido objeto de un doble examen en virtud del principio del doble grado de jurisdicción. Naturaleza y admisibilidad del Recurso de Casación. Sentencia del 10 de septiembre de 1997: Que de conformidad con el inciso 2 del artículo 67 de la Constitución, es atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia conocer de los recursos de casación, de conformidad con la ley; que esta expresión había venido siendo interpretada en el sentido de que la ley puede suprimir el recurso de casación como ocurre en algunas materias en que se expresa, como en el artículo 11 de la Ley 302 de 1964, que la decisión que intervenga no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario. Que en un estudio más detenido y profundo del canon constitucional que consagra el recurso y de la institución misma de la casación revela que el recurso de casación no sólo se sustenta en la Ley Fundamental de la Nación, sino que mediante su ejercicio se alcanzan fines tan esenciales como el control jurídico sobre la marcha de la vida del Estado, mediante el mantenimiento del respeto de la ley, así como mantener la unidad de la jurisprudencia por vía de la interpretación de la ley; que además, el recurso de casación constituye para el justiciable una garantía fundamental de la cual, en virtud del inciso 2 del artículo 67 de la Constitución, pertenece a la ley fijar sus reglas; que al enunciar el artículo 11, modificado de la Ley No. 302 de 1964, que la decisión que intervenga con motivo de una impugnación de una liquidación de honorarios, o de gastos y honorarios no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario, no está excluyendo el recurso de casación el cual está abierto por causa de violación a la ley contra toda decisión judicial dictada en última o única instancia, y sólo puede prohibirse, por tratarse de la restricción de un derecho, que así lo dispone expresamente la ley para un caso particular. Necesidad de poner en mora al rechazarse un medio de inadmisión. En la misma sentencia anterior se hizo constar: Que si bien es cierto que los jueces del fondo pueden, en la misma sentencia, pero por disposiciones distintas, decidir tanto los incidentes procesales que sean promovidos, como el fondo del asunto, ello es así cuando las partes hayan concluido sobre el fondo o puestas en mora de hacerlo, lo que no ocurrió. Que esa solución se impone para salvaguardar el derecho de defensa de las partes, en razón de que con la entrada en vigor de la Ley No. 845 de 1978, el recurso de oposición contra las sentencias en defecto fue ampliamente restringido, lo que obliga a una interpretación de la ley que asegure a las partes la posibilidad de exponer sus respectivos medios de defensa y ataques; que como consecuencia de ello, la Corte a-qua estaba en el deber, para preservar además del principio de la contradicción de invitar a la parte intimada a concluir al fondo, o a presentar sus observaciones; que al no proceder de esta forma, violó el derecho de defensa de dicha parte intimada. Recurso de casación. Copia auténtica de la sentencia impugnada. Sentencia del 17 de septiembre de 1997. Se advirtió en el expediente que la parte recurrente no depositó una copia auténtica de la sentencia impugnada con el memorial depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, sino, una simple copia fotostática de dicha sentencia, en la cual aparecen incompletas las páginas 3, 4 y 5, a lo que debe agregarse que las copias fotostáticas no satisfacen, en principio, las exigencias de la ley, como medio de prueba. Notificación en la oficina de abogado. Sentencia del 26 de septiembre de 1997: Que tratándose de una demanda en referimiento para fines de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, interpuesta con motivo del recurso de apelación contra el indicado fallo y dada la evidente conexidad con la instancia sobre el fondo, se admite la citación en manos del abogado constituido en dicho recurso de apelación, domicilio elegido por el recurrente cuando no sea posible la notificación en la persona o en el domicilio del demandado, como ocurrió en el caso de la especie. Interpretación del artículo 101 de la Ley No. 384 de 1978. Competencia del juez de los referimientos. Sentencia del 1ro. de octubre de 1997: En nuestro ordenamiento jurídico procesal, el juez de los referimientos competente es el de la jurisdicción que es competente para estatuir sobre el fondo del litigio, y por tanto, es el juez de primera instancia que conoce en materia civil o comercial el fondo de la contestación el competente para resolver, como juez de los referimientos, sobre las medidas necesarias o urgentes que le sean requeridas; que ese criterio se corresponde con nuestro sistema judicial en que el juzgado de primera instancia, esté o no dividido en cámaras, constituye una unidad de jurisdicción con plenitud para conocer, conforme el procedimiento de cada uno de ellos, de los asuntos que les atribuyen los códigos, según el artículo 49 de la Ley de Organización Judicial. Aplicación a las sentencias de los juzgados de paz de los artículos 137, 140 y 141 de la Ley No. 834 de 1978. Suspensión de ejecución de una sentencia. Sentencia del 1ro. de octubre de 1997: Que si es correcto que el referimiento no es posible ante un tribunal de excepción, como lo es el juez de paz, no es menos valedero que conforme a los artículos 109 al 112 de la citada Ley No. 834, las atribuciones de referimiento pertenecen al Presidente del Tribunal de Primera Instancia y al Presidente de la corte de apelación de acuerdo con las artículos 137, 140 y 141 de la misma ley; que en el caso ocurrente, la cámara civil, comercial y de trabajo del juzgado de primera instancia apoderada de la apelación contra la sentencia del juzgado de paz que ordenó el desalojo, actúo como tribunal de segundo grado, al disponer su Presidente la suspensión de la ejecución de la sentencia del juzgado de paz apelada, lo que hizo en virtud de los poderes que los señalados artículos 137, 140 y 141 otorgan al Presidente del tribunal de apelación. Prueba en materia bancaria en cuanto a cheques o efectos de comercio ya pagados. Sentencia del 8 de octubre de 1997: Que las partes están obligadas a aportar la prueba de sus derechos mediante los procedimientos organizados por la ley, de donde resulta que el juez está limitado a los documentos que les son sometidos al debate y que han sido producidos de acuerdo a las prescripciones legales so pena de nulidad de sus decisiones, que tanto el artículo 31, como el 34 de Ley General de Bancos No. 708 de 1965, dan cuenta de que los datos recogidos en los bancos por el Superintendente de Bancos, serán de carácter estrictamente confidencial y la revelación, por los funcionarios y empleados de la Superintendencia, de la Secretaría de Finanzas o del Banco Central, de cualquier información obtenida en el desempeño de sus funciones es sancionada con la destitución, sin perjuicio de otras penas aplicables. Que los medios de prueba en materia bancaria, en cuanto a los cheques o efectos de comercio ya pagados y su admisibilidad en cualquier procedimiento judicial o administrativo, están reglamentados por los artículos 39, 40 y 41 de dicha Ley por lo que toda otra información manejada por las entidades públicas antes mencionadas, no podría servir de medio de prueba, si su divulgación para esos fines, no hubiese sido previamente autorizada por el Juez; que como la certificación que sirve de fundamento a la sentencia impugnada fue producida en violación a las previsiones de los artículos 31 y 34 de la Ley General de Bancos y por tanto, no administrada de acuerdo a la Ley y no existiendo ninguna otra prueba en apoyo del contenido de la indicada certificación procede casar la sentencia impugnada. Demanda contra el guardián de la cosa inanimada. Sentencia del 29 de octubre de 1997. El hecho de haber apoderado previamente a la jurisdicción represiva no constituye una causa suficiente de entrañar consecuencias manifiestamente excesivas que justificara la suspensión de la ejecución de la sentencia, toda vez que la acción intentada por ante la jurisdicción civil tiene su fundamento en circunstancias y hechos extraños a la prevención. Interpretación del artículo 134 de la Ley No. 834 de 1978. Pago de una suma de dinero a título de indemnización. Suspensión de ejecución de la sentencia. La misma sentencia del 29 de octubre de 1997. Que al precisar ese texto legal que la consignación debe ser suficiente para garantizar el principal, los intereses y los gastos de la condenación, es obvio que no se está refiriendo al modo de reparación pecuniaria en forma de renta exclusivamente, sino también a la que se acuerda en forma de capital, que es el modo usual en la práctica de nuestros tribunales de fondo. Que como la parte recurrida fue condenada en primera instancia al pago de una suma de dinero a título indemnizatorio, por lo que la ejecución provisional después de haber sido dispuesta, no podía ser detenida sin que se violara la disposición legal señalada ya que ni bajo consignación de las especies o valores suficientes para garantizar el monto de la condenación en principal, intereses y gastos, podía la parte condenada evitar que la ejecución provisional fuera perseguida sin que se justificaran las consecuencias manifiestamente excesivas que de la ejecución resultarían. Recurso de oposición. Sentencias contra las cuales se admite. Sentencia del 29 de octubre de 1997. Luego de haber ratificado el criterio de que el recurso de oposición sólo es admisible contra las sentencias dictadas en defecto por falta de comparecer contra el demandado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, excluyendo el recurso de oposición contra toda otra sentencia no consignada en dicho texto legal, como lo sería el caso del defecto por falta de concluir, se dijo que tanto el artículo 150 para la materia civil como el artículo 434 para la materia comercial, del mismo Código de Procedimiento Civil, conllevan las mismas consecuencias legales y no existiendo en el estado actual de nuestra legislación, después de la puesta en vigor de la Ley No. 845 de 1978, diferencias sustanciales entre el procedimiento en ambas materias, civil y comercial, la aplicación en el procedimiento de los asuntos civiles del artículo 434 del referido Código no es susceptible de desnaturalizar las consecuencias del defecto por falta de concluir en materia civil. Apreciación de la naturaleza de las conclusiones. Sentencia del 19 de noviembre de 1997: Que al declarar el tribunal a-quo que las conclusiones presentadas por los recurrentes constituyen verdaderas conclusiones al fondo y no un medio de inadmisión que hiciera necesario colocar a la parte adversa en mora de concluir al fondo, desconoció que las conclusiones no están sometidas a ninguna fórmula sacramental y que ellas forman un todo indivisible con los motivos que son su sostén necesario y donde se encuentran los argumentos de hecho y de derecho susceptibles de constituir el fundamento jurídico de la pretensión, por lo que el hecho de que los recurrentes formularan ante el tribunal de apelación dichas conclusiones al fondo para que se revocara la sentencia apelada, en nada alteraba la verdadera y propósitos de las mismas ya que su fundamento jurídico era la prescripción de la acción, que es un medio de inadmisibilidad previsto en el citado artículo 44, mediante el cual los recurrentes pretendían no anonadar un derecho, por todo lo cual procede examinar la procedencia o no del medio de inadmisión desestimado por el tribunal a-quo. Requisitos para la intervención voluntaria. Sentencia del 19 de noviembre de 1997: Que por otra parte, declaró la validez de la intervención voluntaria del sub-inquilino sin verificar el cumplimiento de las condiciones de aplicación del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil respecto de la admisibilidad de la intervención, que constituye un medio de puro derecho, admisible por primera en casación; que en ese orden el tribunal a-quo violó el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que carece de una exposición incompleta de los hechos de la causa que no permite a la Suprema Corte de Justicia ejercer su poder de verificar si en la especie el tribunal ha hecho una correcta aplicación de la ley. Liquidación provisional de un banco. Interpretación del artículo 36 de la Ley General de Bancos No. 708 del 14 de abril de 1965: Sentencia del 19 de noviembre de 1997: El Superintendente de Bancos es el único funcionario indicado por la ley con calidad para proceder a la liquidación de un banco, con la aprobación de la Junta Monetaria, en las condiciones previstas, para lo cual debe tomar posesión del activo y del pasivo del banco de que se trate, y todas las providencias y medidas propias de la liquidación, sin que esta facultad y poderes puedan ser restringidos por no autorizarlos la ley; que al ordenar el juez a-quo que se procediera a una liquidación provisional del B. U. S. A., bajo las condiciones apuntadas, es obvio que la sentencia impugnada no sólo violó las disposiciones del artículo 36 de la Ley anteriormente citada, sino que al mismo tiempo incurrió en un exceso de poder al condicionar la actividad del liquidador en el caso de la especie, sin permitírselo la ley que regula la actividad bancaria en el país y particularmente el texto legal cuya violación se invoca, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada. Ejecución de promesa de venta de un inmueble y demanda en daños y perjuicios. Competencia de la jurisdicción civil, no de la jurisdicción de tierras. Sentencia del 19 de noviembre de 1997: Que la acción judicial emprendida en el caso de la especie no tiene por objeto que la jurisdicción civil disponga la supresión o modificación del registro de la propiedad envuelta en el caso, sino que persigue la ejecución de un contrato suscrito entre las partes y la reparación de los daños y perjuicios que por su incumplimiento les han sido causados, lo que por su naturaleza constituye una acción personal de la competencia del tribunal civil. Ambito de la competencia del juzgado de paz en materia de alquileres. Sentido del medio de inadmisibilidad de la Ley No. 18-88 sobre Viviendas Suntuarias y Solares Urbanos no Edificados. Sentencia del 3 de diciembre de 1997: Luego de haberse ratificado el criterio de que el artículo 1ro. del Código de Procedimiento Civil solo atribuye competencia al juzgado de paz para conocer de las acciones en rescisión del contrato de alquiler, desalojo y lanzamiento de lugares, cuando éstas se fundan en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos y que fuera de ese caso la incompetencia del juzgado de paz es absoluta para conocer de dichas acciones, se dijo que si bien el artículo 12 la antes citada Ley No. 18-88 pone a cargo del propietario la obligación de aportar la prueba de haberse cumplido con el pago del impuesto creado por la citada Ley, cuando esto no ocurre, corresponde al demandado en desalojo demostrar, que la edificación o vivienda dada en arrendamiento, está sujeta al pago del impuesto por tener un valor, incluyendo el solar en donde esté edificada de Medio Millón de Pesos (RD$500,000.00), o más. Que aun cuando el referido artículo 12 consagra un fin de inadmisión, que puede ser suscitado de oficio por el juez apoderado de una demanda en desalojo, por tener un carácter de orden público, la inadmisibilidad no puede ser pronunciada sino después que se establezca que el inmueble de que se trata estaba sujeto al pago del impuesto por tener un valor incluyendo el solar en que esté edificado de RD$500,000.00 o más, conforme a lo que dispone el artículo 2 de la indicada ley. Que como la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, decide si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial, sin conocer en ningún caso del fondo del asunto, es obvio que en ese rol no podría decidir sobre los medios de inadmisión que no fueron suscitados ante los jueces del fondo, excepto si ellos son de orden público, pues la casación no constituye un tercer grado de jurisdicción. Que si bien es cierto que es de principio que los medios de orden público son susceptibles de ser propuestos por primera vez en casación y aun promovidos de oficio, éstos no podrían ser invocados más que si la corte que ha rendido la sentencia atacada ha sido puesta en condiciones de conocer el hecho que le sirve de base al agravio y de verificar su realidad, pues no sería ni jurídico ni justo reprochar al juez de fondo haber violado una ley que nadie le había señalado ni indicado como aplicable a la causa; que al invocar el recurrente por primera vez en casación el medio de inadmisión consagrado en el artículo 12 de la Ley No. 18-88 sin que la Corte a-qua fuese puesta en condiciones de verificar el hecho que fundamenta agravio, el medio que se examina resulta irrecibible. Sociedad calificada como una sociedad de hecho. Sentencia del 18 de diciembre de 1997: En lo que respecta a la calificación de sociedad de hecho a la formada entre los recurrentes y la solidaridad entre los mismos, atribuida por la sentencia impugnada a dichos recurrentes la indicada sentencia por una parte, no ha precisado mediante una motivación suficiente y pertinente si las cadenas de distribución constituyen denominaciones que corresponden a la Unión de Comerciantes Detallistas de Villa Duarte, o a la llamada sociedad de hecho; así como los elementos constitutivos de toda sociedad como son, además de la intención de las partes de asociarse o affectio societatis la existencia de aportes y la vocación de las mismas de participar en los beneficios y las pérdidas, lo que ha impedido a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, ejercer su control sobre la regularidad de la decisión impugnada, por lo que dicha sentencia carece de base legal. Alegato de que no se trata de un contrato de arrendamiento sino de un contrato de cesión para la explotación de un fondo de comercio. Artículo 3 del Decreto No. 4807 de 1959. Sentencia del 10 de diciembre de 1997: Tal alegato carece de fundamento, porque independientemente de que en el expediente se encuentra depositado el contrato suscrito, que fue ponderado por el tribunal a-quo y en que se establece que el arrendador cede un arrendamiento al arrendatario, la super estación de servicios de expendio de combustibles, lubricantes y otros servicios relacionados, con sus edificaciones, anexidades y dependencias, el artículo 3 del Decreto antes citado, por los términos generales en que está redactado, no deja duda de que incluya el arrendamiento de inmuebles destinados a este tipo de actividad. Que como la ley no distingue, tampoco le es permitido al recurrente distinguir entre colmados, pulperías, zapaterías, comercios y pequeñas industrias y fondos de comercio, para determinar los inmuebles que son susceptibles de un contrato de inquilinato. Se ratifica el criterio tradicional de nuestra jurisprudencia en el sentido de que la llegada del término no constituye una causa de rescisión del contrato de inquilinato al tenor del artículo 3 del referido Decreto 4807. SENTENCIAS DE LA SEGUNDA CAMARA (CAMARA PENAL) 1) Acusado juzgado en un idioma que no conoce. Sentencia del 12 de septiembre de 1997: Que es evidente que la sentencia impugnada, cometió un abuso legal al juzgar al acusado en un idioma que no conoce y oír sus declaraciones sin haber sido asistido del intérprete judicial; que el asunto examinado se hace más grave aún, cuando se comprueba que en medio de la forma ilegal de la declaración del ciudadano suizo, la misma sirvió para aumentarle la pena que le había impuesto un juez de primer grado, que sí tuvo la oportunidad de oír al acusado por medio del intérprete judicial previsto por la ley. 2) Acta de allanamiento en violación al artículo 184 del Código de Procedimiento Criminal. Sentencia del 12 de septiembre de 1997: Que de haber ponderado el contenido del acta de allanamiento de marras, practicado sin la intervención de una autoridad judicial competente, como manda la ley, y contraviniendo el artículo 184 del Código de Procedimiento Criminal, evidentemente que la misma no constituía una prueba fehaciente contra los acusados, pese a la maniobra realizada con posterioridad, de llamar al Fiscalizador, para cohonestar esa ilegal actuación y las propias declaraciones del Fiscalizador del Juzgado de Paz de Loma de Cabrera, de no haber visto nada comprometedor, otro hubiera sido el resultado del proceso, pero como los acusados no recurrieron en casación contra la sentencia de la Corte, obviamente ésta tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. 3) Inadmisibilidad del recurso de casación contra las providencias calificativas. Sentencia del 17 de septiembre de 1997: Las Providencias Calificativas no están comprendidas dentro de los fallos a que hace referencia el artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, a su vez, el artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal, modificado por la Ley No. 5155 del 26 de junio de 1959, en su párrafo final, declara categóricamente: Las decisiones de la Cámara de Calificación, no son susceptibles de ningún recurso; que ésto tiene indudablemente por fundamento el hecho de que los acusados puedan proponer ante los jueces del fondo todos los medios de defensa tendentes a su descargo o a la modificación de la calificación que se haya dado al hecho. 4) Recursos interpuestos por los ayudantes del ministerio público. Sentencia del 9 de octubre de 1997: Que en efecto, la Ley 1822, que regula el ejercicio de los ayudantes del ministerio público es clara, y le atribuye a éstos la mera facultad de ostentar la representación de los titulares en los tribunales donde ejerzan sus funciones, sin que bajo ninguna circunstancia esa facultad se extienda a la posibilidad de ejercer las vías de recurso, que sólo es privativa del titular, salvo el caso excepcional consagrado por el artículo 3 de la mencionada Ley, en virtud del cual dichos ayudantes o sustitutos del ministerio público pueden realizar todos los actos relativos al ejercicio de la acción pública. En otra sentencia del 18 de diciembre de 1997, la misma Cámara, y sobre el mismo asunto dijo: Que de la lectura de esos textos (Ley No. 1822) se desprende y es de buen derecho considerar que los sustitutos del ministerio público no pueden motu proprio, y sin estar ejerciendo las funciones del titular, por una cuales quiera de las causas señaladas por la Ley 1822 de 1948, interponer los recursos que la ley pone al alcance de las partes, contra las sentencias dictadas por los tribunales donde ejercen sus funciones. 5) Punto de partida de un recurso contra una sentencia incidental. Sentencia del 9 de octubre de 1997: Que si ciertamente esa sentencia era incidental, que no suspendía el conocimiento del fondo, sí obligaba a la parte perdidosa a ejercer el correspondiente recurso, dentro del plazo de ley para que la misma acompañara la apelación del fondo del asunto, y que al no haber sido ejercido el mismo, la referida sentencia adquirió la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada. 6) Presunción de comitencia contra el propietario de un vehículo de motor. Obligación de establecer la propiedad del vehículo. Sentencia del 10 de diciembre de 1997: La presunción de comitencia derivada de la propiedad del vehículo, que debe ser desvirtuada o combatida por dicho propietario, no libera, sin embargo, a quien invoca esa relación, conforme a las reglas actori incumbit probatio de establecer, por los medios ordinarios de prueba, quien es el propietario o dueño del vehículo causante de los daños cuyos resarcimientos se están pidiendo, y en el expediente no hay constancia de que se hubiera establecido de manera clara y precisa que la UCE fuera la dueña del vehículo. Que el hecho de que en la certificación de la Superintendencia de Seguros se exprese que la C. es aseguradora del Dr. X y/o UCE no necesariamente significa que ésta última fuera propietaria del vehículo, ya que es práctica de grandes empresas asegurar flotillas de vehículos dentro de una misma póliza, pero sólo la certificación que expida Rentas Internas es garantía de quien es el propietario de un vehículo de motor; que en la sentencia impugnada no se expresa como formó su convicción la Corte a-qua de que la UCE era dueña del vehículo. 7) Acta de allanamiento practicada por el ayudante fiscal. Sentencia del 18 de diciembre de 1997: Considerando, que esa acta de allanamiento le mereció credibilidad a la Cámara Penal de la Corte de Apelación en razón de que quien instrumentó fue un ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, funcionario judicial competente para realizar esa clase de actuaciones. 8) Facultad de la Corte de Casación de examinar el carácter legal de la prueba. Sentencia del 18 de diciembre de 1997: Que, además, la Corte de Casación tiene calidad para examinar el carácter legal de la prueba que sirva de fundamento a los hechos de la causa, puesto que, la legalidad de prueba es materia de derecho, no significando con ésto que pueda ser revisado en casación la apreciación que los jueces del fondo hayan hecho respecto de la misma prueba. Que en el caso de la especie, no se pone en duda la existencia de un acta de allanamiento regularmente instrumentada y firmada por el Procurador Fiscal de la Provincia Duarte, documento que sirve de prueba para la inculpación. 9) Control de la casación sobre la terminología usada en las sentencias. Sentencia del 10 de diciembre de 1997: Que si bien corresponde a los jueces de la causa establecer la existencia o inexistencia de los hechos, así como la circunstancias que lo rodean o acompañan, no es menos cierto que ese poder soberano no es excluyente para que la jurisdicción de casación pueda verificar si en alguno de los sentidos alegados ha sido violada la ley, inclusive sobre aquellos puntos decididos por los jueces del fondo, dieron fundamentos suficientes o utilizaron la terminología apropiada o correcta, según el caso, aún si tales terminologías o fundamentos pueden ser suplidos con ayuda de las enunciaciones incluidas en el fallo. SENTENCIAS DE LA TERCERA CAMARA 1) Inaplicabilidad de la fianza judicatum solvi en materia laboral. Sentencia del 17 de septiembre de 1997: Luego de considerar que el artículo 16 del Código Civil no es una disposición que se aplica a los nacionales con lo que se estaría dando un tratamiento discriminatorio al trabajador demandante por su condición de extranjero, lo que prohíbe los principios fundamentales del Código de Trabajo, dijo dicha Cámara, que el Código de Trabajo constituye una legislación especial para regir las relaciones entre trabajadores y empleadores, por lo que ante sus disposiciones cede toda norma legal que no derogue alguna de sus disposiciones de manera expresa; que en el caso del artículo 16 de Código Civil que hace exigible la fianza judicatum solvi en toda materia debe entenderse que no incluye la materia laboral por las razones antes expuestas y porque la Ley 16-92 que constituye el Código de Trabajo es una ley posterior a dicho artículo. 2) Recurso de casación. Artículo 643 del Código de Trabajo. Sentencia del 1ro. de octubre de 1997: Dicho artículo no contempla la inadmisibilidad del recurso no notificado en el plazo establecido no siendo aplicables las disposiciones del artículo 7 de la Ley 3726, sobre Procedimiento de Casación, que pronuncia la caducidad del recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de 30 días a contar de la fecha en que fue proveido por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento en razón de que en materia laboral no existe el auto de proveimiento a que se refiere el indicado artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Casación, no derivando la ley ninguna consecuencia del no cumplimiento de la formalidad de notificación del memorial de casación en el plazo que establece el artículo 643 ya referido. 3) Obligación de poner en mora a concluir al fondo. Sentencia del 1ro. de octubre de 1997: Que ante el rechazo del medio de inadmisibilidad presentado por la recurrente la Corte a-qua debió antes de fallar el fondo del asunto, darle oportunidad para que presentara sus conclusiones sobre lo principal: que las disposiciones del artículo 534 del Código de Trabajo que dispone que el Juez decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes si los ha habido, es a condición de que las partes previamente se hubieren pronunciado sobre el fondo o que por lo menos se les hubiese dado la oportunidad de hacerlo, pues de lo contrario se violaría su derecho a la defensa, como sucedió en la especie, razón por la cual la sentencia debe ser casada. 4) Sentencia objeto de dos recursos de casación. Inadmisible. Sentencia del 1ro. de octubre de 1997: Que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos sucesivos de casación interpuestos por la misma parte y menos cuando, como ocurre en el presente caso, se proponen contra la decisión impugnada los mismos medios de casación y los mismos agravios o desarrollos, que por figurar ya en la decisión de esta Suprema Corte de Justicia del 17 de septiembre de 1997, resulta innecesario repetir ahora. 5) Alegato de que al acogerse el medio de inadmisibilidad no se conoció del fondo del asunto. Sentencia del 1ro. de octubre de 1997: Que al declarar inadmisible la demanda del recurrente por prescripción de la acción, la Corte no podía hacer consideraciones sobre el fondo de la demanda y la procedencia de la reclamación del recurrente, pues uno de los efectos de las inadmisibilidades es que impide la discusión del fondo de un asunto, no pudiéndosele atribuir a la sentencia impugnada el vicio de no ponderar los méritos de la acción ejercida por el recurrente ni de no analizar los hechos de la demanda, pues que como consecuencia de su fallo no podía hacerlo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento. 6) Presunción de contrato de trabajo. Artículo 16 del Código de Trabajo. Sentencia del 8 de octubre de 1997: Que para que opere la presunción de contrato de trabajo es necesario que se demuestre que una persona prestó un servicio personal a otra, que es lo que constituye una relación de trabajo; que en la sentencia impugnada no se indica como el tribunal determinó que el demandante prestó sus servicios personales a la demandada para presumir la existencia del contrato de trabajo. 7) Existencia del despido. Sentencia del 12 de noviembre de 1997: Que sólo cuando ha sido establecida la existencia del despido es que el empleador está obligado a probar la justa causa de éste, que habiendo decidido la Corte a-qua que los contratos de trabajo terminaron por la voluntad unilateral de los trabajadores, éstos no podían exigir al empleador probar la justa causa de un despido que ellos no probaron, ni constituir falta alguna al hecho de que no se aceptara la reclamación en pago de prestaciones laborales pues para que éstas se admitieran era necesario que se estableciera el despido, lo que a juicio de los jueces del fondo no existió. 8) Revisión por causa de fraude. Artículo 139 de la Ley de Registro de Tierras. Sentencia del 19 de noviembre de 1997: Que dados los términos claros y precisos del artículo 139 de la referida Ley, es forzoso concluir que el recurso en revisión por causa de fraude debe reputarse interpuesto el día en que se le de copia de la instancia al intimado toda vez que el Tribunal Superior de Tierras, no puede aceptar la instancia si no se le demuestra que el intimado ha sido puesto en conocimiento de la acción que contra él se ejerce; que el hecho de que los recurridos sometieran junto con la instancia un acto (con los espacios destinados a la mención de las personas a quienes se entregaba el mismo en blanco) que había sido preparado para que la notificación se realizara, no cumple el voto de la ley, pues cuando ésta requiere como prueba de la notificación el depósito de una constancia evidentemente que se refiere a un documento regularmente hecho. 9) Alegatos de inconstitucionalidad de los artículos 619 y 641 del Código de Trabajo. Sentencia del 26 de noviembre de 1997: Que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución, no prohibe en modo alguno que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso; que las sentencias originadas en demandas cuya cuantía sea inferior a 10 salarios mínimos, en la materia en que se trata, está sometida a reglas de procedimiento que deben cumplirse previamente por las partes en conflicto, las que les da oportunidad de hacer valer todos sus derechos y ejercer en la instancia sus medios de defensa; que además es a falta de llegar a un acuerdo o conciliación en el procedimiento preliminar al conocimiento de la demanda en juicio, de conformidad con lo que establecen los artículos 516 y siguientes del Código de Trabajo y en el cual también deben cumplirse reglas de procedimiento, que aseguran y permiten a las partes ejercer todos sus derechos y medios de defensa, que el tribunal queda en condiciones de pronunciar la decisión correspondiente; que en tales condiciones resulta erróneo sostener que los artículos 619 y 641 del Código de Trabajo sean inconstitucionales. 10) Forma de la apelación. Artículo 621 del Código de Trabajo. Sentencia del 26 de noviembre de 1997: Que la exigencia del escrito o declaración formulada por ante la Secretaría de la Corte competente tiene por finalidad facilitar el cumplimiento del procedimiento establecido en grado de apelación, el cual otorga al secretario del tribunal un papel activo que le obliga enviar copia del escrito contentivo de la declaración a la parte adversa, como una manera de garantizar la seguridad en la recepción del recurso al intimado, a fin de que organice su defensa y la exponga en un escrito que deberá ser depositado en la Secretaría de la Corte. Que por tales razones la notificación de un acto de alguacil no suple la exigencia del escrito o declaración que formulan los artículos 621 y 622, aludidos, por lo que no puede constituirse en un recurso de apelación frente a la precisión de las disposiciones de los indicados artículos y la razón de ser del escrito o declaración. Que las disposiciones del artículo 486 del Código de Trabajo, en el sentido de que ningún acto de procedimiento será nulo por vicio de forma, en materia de trabajo, es inaplicable en la especie, por tratarse no de la falta de una mención substancial o del cumplimiento de una formalidad, sino de la no realización de una actuación que es la que constituye el recurso de apelación, por lo que al declarar inadmisible dicho recurso, la Corte a-qua actuó de acuerdo a la ley. 11) Prestaciones laborales y vigencia de pacto colectivo. Sentencia del 3 de diciembre de 1997: Que el hecho de que, por razones de una litis judicial, el pago de las prestaciones laborales se realizara con posterioridad a la suscripción del pacto colectivo no hacía a los trabajadores recurrentes beneficiarios de dicho pacto pues la finalidad de éste es regular las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo, los cuales en el caso de la especie no existían en el momento de su celebración, pues las demandas en pago de prestaciones laborales no inciden en la validez de la terminación del contrato de trabajo, la cual es un hecho anteriormente consumado, independientemente del resultado de la demanda laboral. 12) Obligación de comunicar las faltas. Sentencia del 3 de diciembre de 1997: Que el empleador sólo está obligado a comunicar las faltas cometidas por un trabajador, cuando despidió al trabajador por la comisión de dichas faltas, pero sino ejerce el despido contra el trabajador, la comunicación de faltas al departamento de trabajo es opcional del empleador y su ausencia no torna el alegato de abandono en un despido. 13) Composición de una Corte de Trabajo. Artículo 473 del Código de Trabajo. Sentencia del 17 de diciembre de 1997: El artículo 34 de la Ley de Organización Judicial, que prohibe a las Cortes de Apelación funcionar con menos de tres jueces, no es aplicable a las Cortes de Trabajo y éstas pueden constituirse con la asistencia de la mayoría. Por lo demás importa destacar que los miembros de la Suprema Corte de Justicia se encuentran unidos monolíticamente, y bajo ninguna circunstancia permitirán que esa unidad se rompa y se requiebre el proceso iniciado el 5 de agosto de 1997. Pero es preciso destacar, que la tres cámaras que componen este Tribunal laboran, actúan y fallan de manera independiente, con plena autonomía de criterio, lo cual pone de manifiesto la democracia interna que reina en nuestro máximo Tribunal Judicial. Esa independencia es una prueba fehaciente de que no existe primacía de una Cámara hacia otra, ni de que el pensamiento jurídico de uno de sus integrantes se imponga a los demás y que ha tenido como consecuencia algunas divergencias de naturaleza jurídica al momento de interpretar la ley, tal como se puede observar entre la Cámara Civil y Comercial y la Cámara Penal en cuanto a la admisibilidad del recurso de casación en presencia de un texto que prohibe los recursos, o entre la Cámara Civil y Comercial y la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, en cuanto al cálculo para el plazo del recurso de casación. Corresponderá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando llegue la ocasión, unificar los criterios divergentes existentes. Tal como fue solucionado en Francia en ocasión de la divergencia existente entre la Cámara Civil y la Cámara Criminal de la Corte de Casación con motivo de la reparación de los daños y perjuicios a los concubinos. Esa misma independencia de criterios jurídicos entre las cámaras de la Suprema Corte de Justicia, reflejan meridianamente que nuestro máximo tribunal judicial constituye, quizás, el único organismo colegiado del país en el cual la figura del Presidente no absorbe a los demás miembros. METAS PARA EL AÑO 1998 La Suprema Corte de Justicia considera que el año 1998 es el año de la consolidación definitiva de la Justicia Dominicana, de su independencia total y absoluta, y de su credibilidad. Dentro de nuestro calendario de prioridades para el año que recién se inicia es preciso señalar las siguientes: Puesta en funcionamiento de algunos de los Tribunales de Menores. Creación del Departamento de Notarios, con la finalidad de supervisar las labores de los Notarios Públicos, así como formular una política de formación de notarios en todo el país, con la finalidad de que los aspirantes estén en capacidad de ofrecer sus servicios a la sociedad con la idoneidad requerida y que se designen de conformidad con el número permitido por la ley. Creación del Departamento de Alguaciles, que tendrá el control, supervisión y vigilancia de todos los Alguaciles. Puesta en funcionamiento del Departamento de Menores, para lo cual ya ha sido designada su Directora, y que tendrá como misión fundamental la supervisión de la jurisdicción de menores. La reubicación de los tribunales de trabajo, cuyo local actual no solamente es inadecuado sino una vergüenza para la justicia dominicana. Continuación del proceso de automatización y modernización de la justicia. La creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Puesta en funcionamiento de algunos tribunales creados por el Congreso Nacional. Adquisición de un duplicador digital, a fin de que la Suprema Corte de Justicia pueda realizar la mayoría de los trabajos de impresión. Creación de los Despachos Judiciales, con la finalidad de que los jueces se dediquen exclusivamente a las labores jurisdiccionales. Fortalecer el Departamento de Inspectoría que hemos creado, cuyos inspectores han realizado una excelente labor en el área de investigación e inspección de los diferentes tribunales, entre los cuales cabe citar: San Cristóbal, Montecristi, Mao, Cotuí, Higuey y el propio Distrito Nacional. Al celebrarse el próximo 22 de febrero los noventa años de la promulgación de la Constitución de 1908, la cual por primera vez confió a la Suprema Corte de Justicia las funciones de Corte de Casación, hacemos la formal promesa de que el proceso de profilaxis de la justicia dominicana no se detendrá y redoblaremos nuestros esfuerzos en aras de dotar al país de una justicia confiable. Tal como dijo el profesor Richard B. Morris, de la Universidad de Columbia, la Suprema Corte de Justicia es la conciencia de la Constitución. Muchas gracias. Publicado 20th June 2012 por LIC. MARINO MARRERO B
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