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Acción de Amparo en Rep Dominicana


La Acción de Amparo es el procedimiento sumario, que tiene por objeto la protección de los derecho fundamentales reconocidas en la Constitución,  frente a violaciones, vulneraciones o amenazas,  ya sea por el estado o por un particular.

Cuando decimos que es un proceso sumario,  significa que no se ajusta all proceso ordinario,  ya que lo que se persigue es la simplificación de los tramites procesales"

 
La Constitución Dominicana expresa:

 

Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.

Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo.

Así como también la Ley No. 437-06 que establece el Recurso de Amparo.

Art. 1.- La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad individual, tutelada por el Hábeas Corpus.

Párrafo.- Podrá reclamar amparo, no obstante, cualquier persona a la que se pretenda conculcar de forma ilegítima su derecho a la libertad, siempre y cuando el hecho de la privación de la libertad no se haya consumado.

Marino Marrero
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

 

 

¿Que es la Acción de Amparo?

Como bien lo ha establecido la Convención Americana de los Derechos humanos, la  Acción de Amparo es un recurso sencillo por el cual pueden acudir a los tribunales cualquier persona física o jurídica que se le  haya vulnerado un derecho fundamental, este proceso puede ser antepuesto sin concurso de abogado y está prácticamente excepto de formalidades.

 

 

 

La acción de Amparo como un Procedimiento sin formalidades.

En este proceso el Juez tiene poderes de un juez constitucional y puede suplir cualquier formalidad y recabar pruebas para el esclarecimiento de la verdad.  También algo muy interesante es que el tribunal de amparo no puede declarar ninguna inadmisibilidad hasta tanto se instruya el proceso, lo cual se deduce del mismo artículo 70 de la ley 137-11.

La Jurisdicción competente para la Acción de Amparo. 

Quién es el Juez competente para revisar este recurso, el Juez de primera instancia. La jurisdicción competente es el tribunal más afín con la materia de la cual se trate el amparo en su primera fase y el tribunal constitucional será el tribunal para la revisión de esa sentencia, sin embargo en este sentido de acuerdo con el artículo 100 de la mencionada ley el Tribunal Constitucional solo declarara admisible los casos de especial transcendencia o relevancia, cuestión que NO estamos de acuerdo con el voto dela mayoría con el debido respeto y por el contrario nos unimos a los votos disidentes en este sentido suscritos por la honorable Magistrada Katia Miguelina Jiménez, que lo justifica en el hecho de que se estaría violando el doble grado de jurisdicción en caso de que no se conozca la revisión de la sentencia de amparo de los derechos fundamentales.

Tipos de Recurso de Amparo.

La Acción de amparo se pueden dividir:
Amparo ordinario establecido en el artículo 65 de la ley 137-11, ley orgánica del Tribunal Constitucional  que es cuando se han conculcado derecho fundamentales a una persona por personas particulares o por el estado.

Amparo de Cumplimiento establecido en el artículo 104 de la ley 137-11 que es aquel que persigue el cumplimiento por parte principalmente de algún funcionario de un acto administrativo, de una ley o norma y que este no lo haya cumplido, tomando en consideración que evidentemente tendrá que intimar a dicho funcionario a cumplir la norma que ha incumplido y darle un plazo razonable de quince (15) días para que haya contestado teniendo un plazo de 60 días para interponer la acción.

Procedimiento para ejercer la acción de amparo.

Al igual que el procedimiento ordinario el ejercicio de la acción de amparo comienza con una instancia «sin formalidades» dirigida al juez del tribunal en materia de amparo más a fin para la materia que se trate el derecho fundamental vulnerado, pero subrayando la observación de que es en calidad de juez de amparo, esta instancia tendrá las generales de las partes, las motivaciones (es decir un breve relato de lo sucedido), los derechos conculcados y las pruebas de los derechos vulnerado básicamente, luego el tribunal emitirá en un plazo de tres días el auto autorizando a la citación, el tribunal podrá declarar el recurso de amparo de extrema urgencia y podrá ordenar la notificación contra el accionado hasta de hora a hora, también el juez de amparo es plenipotenciario en la recaudación de pruebas y lograr establecer la verdad en el caso de la especie, dando una sentencia justa en favor del reclamante así mismo esta facultado para  imponer astreinte contra el accionado para lograr la efectividad del cumplimiento de la sentencia.

 

 

Su fundamento legal.

El recurso de amparo se encuentra regulado:

  1. Constitución de la República Dominicana: En el artículo 72 
  2. Ley Orgánica de Procedimientos ante el Tribunal Constitucional: Del Articulo 63 al 114
  3. Ley No. 437-06 que establece el Recurso de Amparo.

Cabe destacar: 
La reforma constitucional de 2010 para derogar una disposición de esta ley de amparo, entonces vigente. Se trataba de la disposición contenida en el artículo 2 de dicha ley, que convertía en causa de inadmisibilidad la acción de amparo presentada durante un estado de excepción.

En adición a lo anterior tenemos la previsión contenida en el numeral quinto del artículo 266 constitucional que dispone que “La declaratoria de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control constitucional”.

La acción de amparo resulta ser un mecanismo para poner en acción las garantías constitucionales que ofrece la carta magna de la República Dominicana es decir para hacer efectivo la protección de los derechos fundamentales que se señalan en la misma de forma no limitativa así como en los tratados internaciones que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

La acción de amparo ahora con rango constitucional a partir de la proclamación de la constitución del 2010 establece en su art. 72 trae implícito prácticamente el filtro de admisibilidad de la misma a saber:

Protección inmediata de derechos fundamentales (no protegidos por habeas corpus)
Cuando resulten vulnerados (post) o cuando resulten amenazados (priori) por las instituciones públicas o entidades/personas particulares.

Para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo (leyes programáticas).
Para garantizar los derechos e interés colectivos y difusos.

Diferencia de la Acción de amparo con el Hábeas Data y Hábeas Corpus.

El Hábeas corpus, al igual que la acción de amparo, es un mecanismo para preservar los derechos fundamentales, pero enfocado únicamente en el derecho fundamental de la libertad y la seguridad personal. Es decir un se ejerce cuando la persona se encuentra privado de su libertad.

El legislador brinda especial protección al derecho fundamental de la libertad por el hecho de ser el valor supremo en nuestro ordenamiento jurídico, estipulado incluso en el preámbulo. Por eso en art. 72 de la constitución de República Dominicana, se hace explicita mención de que la acción de amparo protege los derechos fundamentales no protegidos por el hábeas corpus. 

Lo mismo ocurre con el hábeas data, que busca proteger la intimidad y la dignidad de las personas a diferencia de la acción de amparo que protege los demás derechos fundamentales.

Precédentes y ejemplos: 


Sentencia del Tribunal Constitucional TC/00482/16 
Acción de Amparo 
Luis Cedeño vs la señora Yeritza Guerrero 

Le impidieron el acceso al agua potable por deuda de mantenimiento en el residencial poniendo una caja negra metálica con candado en la llave de paso, lo que evidentemente implica una vulneración burda al derecho de la dignidad humana y la salud del accionante.

Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0042/12 
Acción de Amparo interpuesta por el señor MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ

Solicitud de una nómina  de los asesores de la cámara de diputados en virtud de libre acceso a la información pública solicitando nombre y salarios la cámara de diputados, la cual negó la información diciendo que dicha información era confidencial, dando solo informaciones globales sobre los asesores y cuanto se le pagaba de forma total, en tal sentido el tribunal acogió el derecho de amparo de acceso a la información publica, porque el ciudadano tiene derecho a saber la oportuna rendición de cuenta de la administración del erario público.

Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0944/18 
Acción de Amparo interpuesta por:
El señor FELIX ROMAN AMEZQUITA MERCEDES  
vs 
FEDERACIÓN DOMINICANA DE HOCKEY 

Por violación al debido proceso en su contra y la misma es acogida porque la FEDERACIÓN DOMINICANA DE HOCKEY a travez del órgano de la dirección ejecutiva de la misma tomo la decisión de suspenderlo de forma indefinida de la asociación sin llevar a cabo ningún proceso conforme al menos de los propios estatutos y sin darle oportunidad a que se defienda.

Evolución histórica de la acción constitucional de amparo.

El Hombre aunque es sujeto de derechos y obligaciones, la constante violaciones a esos derechos, ha sido motivo de grandes enfrentamientos políticos y sociales entre individuos de una determinada sociedad y las autoridades que están llamadas a dirigirlos. En los tiempos primitivos las comunidades se regían primero por el matriarcado, y posteriormente el Patriarcado se afianza en la dirección de los núcleos familiares, en donde ambos padres tenían a cargo la educación de sus hijos, el orden, y respeto, trabajo que desempeñaban todos los miembros que integraban una familia donde cuyo conjunto componía una tribu en la cual se tenía un absoluto respeto y veneración a las gentes que los antecedían es decir, a las personas de mayor edad, por el concepto de que eran los individuos más cultas de la comunidad.

También existía la esclavitud en las comunidades, por lo tanto se puede deducir que se aplicaba el derecho al estar señalada esta sanción, la cual se aplicaba a la rebeldía de los hombres a los mandatos de sus jefes y la sanción más grave era el Destierro.


En Esparta.

En Esparta, una de las ciudades más importantes de Grecia, no se tenían bien definidos los derechos políticos y civiles de los individuos, en la misma existía una gran desigualdad Social por la división de clases impuesta por el monarca, las clases estaban divididas en los Ilotas Siervos, que se dedicaban al trabajo agrícola, los Periecos o clase media, que eran los que desempeñaban la industria y el Comercio y los espartanos que eran los aristócratas y eran los únicos con privilegios políticos.

En Atenas.

En Atenas no existían clases, sin embargo existían desigualdades sociales entre los hombres, que sí bien los habitantes podían actuar, criticar y hasta impugnar las procedencias de las asambleas, no tenían derechos en particular para reclamar los mandatos arbitrarios de las autoridades.

Para esa época, las normas se regían por la costumbre, que según el criterio de algunos de los pensadores más prominentes de ese periodo, como por ejemplo podemos señalar el criterio de los Sofistas, que tenían la idea de que los derechos individuales eran prerrogativas que otorgaba el Estado como una especie de dádiva, de favor, por la cual los mismos se comprometían a no atacar el estado de derecho vigente.

Para Sócrates todos los hombres nacen en un Plano de igualdad; Platón en cambio alegaba que la existencia de clases era por la sumisión de los mediocres con respecto de los mejores, los cuales tenían el control del Estado y Aristóteles sin embargo sostenía el criterio de la Supremacía de la ley natural ante las leyes positivas, es decir que el Estado, existe por naturaleza y por lo tanto es anterior al individuó, basándose en que el hombre no puede vivir aislado del estado de derecho del medio en que vive y se desarrolla.

En el derecho Romano.

En Roma sin embargo, se hablaba de la libertad política y la civil, no obstante era desconocida la libertad humana para reclamar actos de autoridad; la libertad política era inherente del ciudadano romano y oponible al Estado en sus diversas manifestaciones, pero esta se disfrutaba como un hecho sin un interés importante el cual no era respetable.

Esta libertad estaba reservada para ciertas personas como el Paterfamilia, quién gozaba de un amplio poder sobre los miembros de su entorno familiar y de sus esclavos, y tanto la libertad política como la civil, fue en crecimiento constante, no obstante, hay que reconocer que la libertad individual, era totalmente desconocida dentro de la organización política Monárquica de Roma, pero se puede observar que existió una acción, que se derivaba del Interdicto, llamado "Homine Libero Exhibendo e Intercessio Tribunicia", que era una especie de acción civil establecida por el Pretor, que se intentaba contra actos de una persona jerárquicamente superior al reclamante, y se puede decir que esto era una mera protección de los derechos del hombre, contra los ataques de las autoridades del Estado.

Se crea un régimen de legalidad, en el que se limitaba la autoridad del señor feudal en beneficio de los habitantes, sin embargo, estos regímenes no eran considerados como garantías; ya que éstas, en cualquier momento eran contravenidas y violadas; y frente a estas situaciones, no habían sanciones.

El Cristianismo trató de suavizar las desigualdades que existían, alegando que los hombres eran iguales ante Dios y que todos están regidos por una ley Universal. La existencia de un derecho natural y la idea de este pensamiento no formaron una institución jurídica medieval que protegiera las garantías del individuo.

El derecho de amparo en los Estados Orientales.

En los países orientales, los individuos mantuvieron ciertas restricciones y obligaciones, donde algunos Estados estaban regidos por la Ley de la divinidad; Sin embargo algunos habitantes ansiosos de ese poder, se auto proclamaban como designado por la voluntad divina y con este cargo cometían una serie de arbitrariedades, abusos, irregularidades en la organización de un Estado. Del mismo modo se presentó las culturas antiguas como es la Hebrea, la egipcia, y la Hindú.

Los hebreos son considerados como los más avanzada, en lo que respecta a Derecho individuales, y algunos autores ha sostenido el criterio de que fué la fuente inspiradora del Derecho Romano, ejemplos, presentado por la Biblia en el libro de Deuteronomio, que indica en esta cultura que ellos sé regia por los mandatos del Dios único o de Jehová, lo que se sustentaba como el pacto entre Dios y el pueblo en la creencia que tenía todo controlado.

En la India, tenían un principio en el cual el hombre vivía en su entorno con la naturaleza, y para evitar las injusticias o desórdenes, fue necesario construir un Estado a fin de garantizar la Protección de toda la comunidad, de forma que pudiera prevalecer el orden y para eso debían existir autoridades, sin embargo no había normas que regularan la Justicia y equidad como un derecho esencialmente humano.

En Grecia.

En este país, cuna de la civilización antigua, se tenían bien determinados los derechos civiles y políticos, sin embargo, Esparta que era una de sus ciudades más importantes, carecía de estos derechos. En la misma, había una gran desigualdad Social, que aunque existían diversas clases sociales, no se distinguían por su división, sus clases más importantes se pueden mencionar los Ilotas Siervos, que se dedicaban al trabajo agrícola, los Periecos o clase media, que eran los que desempeñaban la industria y el Comercio y los espartanos, que eran una especie de aristócrata, que mantenían ciertos privilegios militares.

Otra de las ciudades importante de Grecia fue Atenas, aquí no existían clases sociales, pero había una gran desigualdad de derechos entre los hombres, sí bien los habitantes podían actuar, criticar, y hasta impugnar los actos emanados de las asambleas y de autoridades competente, no tenían las prerrogativas jurídicas para reclamar las reformas de las arbitrariedades de las autoridades.

La aplicación de sus normas y sanciones se aplicaban a través del derecho costumbrista. Los mismos sostenían que los derechos individuales eran prerrogativas que otorgaba el estado como una especie de dadiva de favor, de los gobernados, por tal razón no tenían derecho de atacarlas. La doctrina de esa época sostenía en criterio de que todos los hombres habían nacido en un Plano de igualdad, y que la existencia de clases era por la sumisión de los mediocres con respecto de los mejores, los cuales tenían el control del Estado.

En el derecho Francés.

Esta Nación, ha sido considerada como la madre del derecho moderno, en vista de que los enciclopedistas, a partir del triunfo de la revolución codificaron las normas más modernas de la época, a tal punto que hoy día varios países latinoamericanos aún permanecen con ellas. Hay que señalar que dentro de este derecho, algunas de las fuentes más importantes se pueden indicar la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1789, que consignan los derechos constitucionales de la persona humana, antecedentes que fueron instaurados en la constitución del año 1836, momento en que se empieza a considerar el recurso de amparo con el juicio constitucional, con la creación de un órgano separado de los tres poderes públicos previamente establecidos.

Otro elemento importante lo constituye la creación del Recurso de Casación Francés, desconocido hasta ese momento, el cual serviría para la revisión de sentencias en última instancia, a través del consejo de Estado y la justicia administrativa".

En el derecho Español.

La actividad jurídica de la Madre Patria, estuvo matizada e influenciada por el derecho de varios estatutos legales de diferentes reinos, en lo que se podrían mencionar el derecho de romano, el de los árabes, en de los visigodos, que presentaba una gran influencia de carácter militar y político. Con la instauración e influencia de la Justicia de Aragón, consignaron la observación de los actos emanados de autoridades administrativas, uno de los fueros más importantes con mayor significación en lo que respecta a garantías fué el llamado Privilegio General, que se dio en reino de Aragón, se consagraban los Derechos de los gobernados, oponibles a las arbitrariedades de las autoridades y se manifestaba a través de medios procésales llamados Procesos forales, el que constituyó un verdadero antecedente de Juicio de Amparo en España.

En este aspecto, el Privilegio General contenía prerrogativas individuales, que frente a las violaciones de los derechos protegidos, el gobernador podía utilizar el procedimiento llamado Manifestación de personas, que se constituían como un verdadero medio de protección o preservación de los derechos, dentro del Privilegio General de las persona humana.

Este procedimiento pretendía tutelar las libertades personales contra los actos emanados de las autoridades competentes. Constituía un verdadero control de legalidad de los actos rendidos por las autoridades de los tribunales inferiores. Específicamente en el reino de Aragón, se constituyó "el Juicio de amparo", donde la justicia ofrecía garantías a las personas, y las propiedades, reconociendo la inviolabilidad del domicilio. Estas garantías constitucionales fueron afianzadas en la carta sustantiva del año 1812, con la Declaración de las garantías individuales, consistente en la creación de las nuevas Audiencias, la libertad de pensamiento, la protección de la propiedad privada, y la inviolabilidad del domicilio del ciudadano. Más tarde la constitución fue derogada en el año 1931, en la que se establecieron recursos de inconstitucionalidad de las leyes, las vías de excepción, y el recurso de amparo tomado del que ya estaba establecido en México.

En el derecho Norteamericano.

En los Estados Unidos de Norteamérica, adoptan del derecho constitucional anglosajón, un recurso en contra del apremio corporal, cuando este, es el resultado de una prisión ilegal, este es el llamado "Habeas Corpus", que resultó ser un gran procedimiento, ante las autoridades judiciales, a fin de preservar las libertades personales, como medio de garantías individuales. En sentido general, la Constitución de los Estados Unidos, ha establecido El Juicio Constitucional, donde el ciudadano que entienda que ha sido afectado por un acto emanado de autoridad, podía interponerlo, este es el denominado "Writ of Certiorari", que fué sustituido por el "Writ of error", que era una especie de apelación que se interponía contra la sentencia definitiva de un juez, que era resuelto por la Suprema Corte de Justicia como máximo Tribunal del Orden Judicial. Estos procedimientos constituyeron los antecedentes del juicio de amparo.


La acción de amparo en América Latina.

El amparo aparece por primera vez en América Latina, en la constitución de México a nivel federal; en las sucesivas reformas Constitucionales que ha experimentado la carta sustantiva de ese país, ha servido como paradigma a diversas legislaciones de Latinoamérica e incluso países europeos. Esta ley fundamental, al igual que la de Brasil, bajo la denominación de "mandato de segurança", le agencia gran fuerza jurídica a las instituciones que protegen los derechos de los ciudadanos. Hay que destacar, que la ley orgánica de amparo de la República Bolivariana de Venezuela del año 1985, constituye un verdadero código en materia tutelar.

Hay que resaltar, cual ha sido la influencia que ha tenido la acción de amparo en los países latinoamericanos en los últimos tiempos, resulta indispensable la referencia, si pretendemos conceptualizar el tema, aunque sea de manera panorámica y superficial, a la consagración y desarrollo de la acción, recurso o juicio de amparo, en varios ordenamientos jurídicos latinoamericanos, inspirados en el modelo de la institución mexicana, en los cuales ha fructificado ampliamente, debido, entre otros factores, a la común tradición jurídica proveniente del derecho hispánico, así como el alcance de esta acción en el derecho brasileño.

Se ha puesto de relieve, que "el derecho de amparo se ha constituido y desarrollado en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, instrumentos a los cuales deben agregarse el mandado de segurança del Brasil"[3], el cual, por sus puntos de contacto con nuestras instituciones, se ha traducido al español por algunos tratadistas, al igual que el habeas corpus establecido en el derecho Peruano, especialmente a partir de los decretos leyes de los meses, de octubre del año 1968 y de marzo del año 1974. En todas estas legislaciones, y en particular en los ordenamientos argentinos y brasileños, el amparo ha tenido un amplio desarrollo tanto legislativo como jurisprudencial, asumiendo su concepción clásica de instrumento protector de los derechos fundamentales de la persona humana consagrados constitucionalmente en su dimensión individual y social y excluyendo a la libertad personal, ya que ésta se tutela a través del tradicional habeas corpus.

Al analizar en conjunto la acción, juicio o recurso de amparo en las mencionadas legislaciones latinoamericanas, se puede destacar, como un primer factor importante, que si se toma en cuenta su ámbito tutelar, poseen una aproximación mayor con el recurso de amparo establecido en la citada Constitución española, que la compleja y considerablemente más extensa institución mexicana.

En los citados ordenamientos constitucionales de Latinoamérica, o en sus leyes reglamentarias, se han introducidos elementos que constituyen innovaciones procesales en relación con el modelo del amparo mexicano, el cual todavía conserva aspectos tradicionales derivados de su evolución histórica, y entre estos factores novedosos que pueden constituir materia de reflexión en una futura regulación del recurso de amparo español, se puede mencionar la extensión del concepto clásico de autoridad, para comprender también a los organismos públicos descentralizados, los que se han multiplicado en los últimos años.

También debe tomarse en cuenta la aportación de la jurisprudencia de los tribunales federales argentinos y, en especial, de la Suprema Corte, iniciada en el famoso caso de "Samuel Kot", resuelto en el año 1958, en el sentido de que la tutela de los derechos de la persona consagrados constitucionalmente, procede también respecto de grupos o asociaciones sociales, económicas y culturales, tales como sindicatos, asociaciones profesionales y deportivas, empresas concesionarias de servicios públicos, universidades, entre otros.

El principio de la protección de los derechos fundamentales, consagrados constitucionalmente en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, no sólo frente a las autoridades públicas y organismos descentralizados, sino también respecto a los grupos o asociaciones de carácter social, entendidas en un sentido amplio y actuando como grupos de presión que pueden afectar gravemente las propias autoridades los citados derechos humanos, ha sido también adoptado en época reciente como el caso de la ley de amparo adoptada recientemente por la República Dominicana.

El Recurso de amparo en México.

Este recurso, que tiende a proteger los derechos fundamentales del hombre, en los países latinoamericanos, tiene sus orígenes en el año 1841, en la constitución mexicana de Yucatán, consignado una acción en reclamación de los derechos violados por las autoridades, en los artículos 8º, 9º y 62 y los que fueron acogido más tarde a nivel federal, primero en el Acta de Reformas del año 1847 en su art. 25 y posteriormente, en las Constituciones del año 1857 en sus artículos 100 y 101 y en la actual Carta Sustantiva derogada en el año 1917 en sus artículos 103 y 107, sirviendo como paradigma a diversas legislaciones de Latinoamérica y de España y algunos otros países europeos.

A partir de la constitución mexicana del 1836, conocida como las siete leyes, se estableció un régimen centralista, lo que provocó un descontento entre los Yucatecas, en vista de que entendían que esta mantenía una gran concentración de poderes, acciones que estimularon la intención de separarse de la República. Con la consiguiente preocupación, se le otorgó la facultad de legislar su propio régimen jurídico, como si se tratase de un Estado federalista, dando origen al Estatuto del 31 del mes de Marzo del año 1841, conocida como la constitución de Yucatán.

Así se habló por primera vez en el derecho legislado mexicano, y por vía de consecuencias de acción de amparo, decretado por órganos jurisdiccionales para combatir agravios en contra de las garantías individuales del hombre.

Posteriormente se estableció el juicio de amparo a nivel Federal, poco después se plasmo en la constitución Federal del año 1857 y 60 años más tarde aparece como una imposición en la carta sustantiva de los Estados Unidos Mexicanos.

La doctrina contemporánea ha señalado, que las garantías de los derechos constitucionales nacidas a partir de la Constitución Yucateca, ha sido el ejemplo tomado por España y otros países Latinoamericanos.

Marino Marrero

 

 

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